Deudas del MEP con la Caja

23/04/2021
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PARA PAGAR LA DEUDA CON LA CAJA
¡QUE EL MEP NO GASTE EN LAS PRUEBAS FARO!
Y SE CIERRE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

 

Por Manuel Sandoval

Si yo estuviera en el pellejo de doña Giselle Cruz, renunciaría hoy mismo al cargo de Ministra de Educación. En plena pandemia, por la obsesión de los jerarcas del MEP de hacer tabla rasa con los derechos laborales de los educadores, el MEP siguió la política que arrastraba desde el 2003 de no pagarle a la Caja las cargas a la seguridad social sobre una serie de componentes salariales, con el resultado de que es (aparte del Estado como tal) el principal deudor de la Institución. Por La Nación de ayer nos enteramos que el MEP hizo un arreglo de pago con las autoridades de la Caja por 149 000 millones de colones a pagar en tractos a más tardar en un año (marzo del 2022).

Los jerarcas de la Caja, que han sido tremendamente complacientes con este gobierno en lo que al pago de las deudas del Estado se refiere (2 billones de colones), por la amenaza de quiebre de la Institución y los procesos legales en su contra que explotarían, tuvieron “que meter en cintura” al MEP. Convenientemente La Nación no nos dice si le perdonó algún porcentaje de la deuda al MEP, como acostumbran los sátrapas de la Caja frente a los grandes empresarios morosos con la seguridad social. Es interesante notar, sin embargo, que si sumamos la deuda del MEP (149 000 millones de colones), y los arreglos de pago con empresarios y asegurados independientes en morosidad (124 000 colones), la Caja no tendría problemas para atender el gasto ordinario en Salud en este año.

UNA COSA ES CLARA: Si la pandemia no se hubiera presentado, obligando al gobierno a inyectar algunos recursos financieros a la Caja (el 10% de los préstamos internacionales que se negocien como abono a la deuda del gobierno central), la Institución estaría ya en quiebra… a lo que apunta la política de la burguesía costarricense. Los grandes empresarios quieren disminuir las cargas sociales y avanzar a mayores mecanismos de privatización de los servicios que presta la Caja. Muy sintomático de esto, muchos empresarios que rodean al Presidente son conocidos por su situación recurrente de morosidad con la Caja.

Si doña Giselle Cruz tuviera algo de vergüenza, renunciaría al cargo. El año pasado le metió tijera brutalmente al presupuesto del MEP para allegarle fondos al Plan Proteger, y ahora resulta que es a costas de la asfixia financiera de la Caja. Al menos doña Giselle debería tener cuidado. En medio de esa violación constante de las leyes laborales, puede terminar con sus huesos en la cárcel. El aparato judicial protege a los poderosos, pero hay límites al grado en que pueden violar abiertamente las leyes.

Si doña Giselle Cruz se empeña en seguir a viento y marea en el MEP, NOS PERMITIMOS DARLE DOS CONSEJOS.

Primero, que se recorte el presupuesto en los gastos superfluos e irrelevantes para la calidad del proceso educativo. Que se deje de gastar en las pruebas FARO y se elimine la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Guardas, conserjes y oficinistas de esta dependencia pueden ser transferidos a escuelas y colegios con faltante de este personal. Los “especialistas” en Evaluación deben ser mandados a la casa. No son tiempos para que haya gente inventando pruebas descabelladas pedagógicamente para justificar sus salariazos.

Segundo, es evidente que doña Giselle está muy mal asesorada legalmente. Debería enviar a la casa también a don Pablo Zúñiga, que ha impulsado las políticas violatorias de las leyes laborales del país que pueden enviar a la cárcel a doña Giselle.

El país se acerca a una situación extrema: si no se mete en cintura a los grandes empresarios que evaden el pago de impuestos, lo que ha marcado la diferencia en cuanto al desarrollo social con relación al resto de Centroamérica: la calidad de la Educación, la Salud y la Seguridad Social que garantiza el Estado a los sectores populares, se va a perder.

Los educadores deberíamos preparar a los sectores populares, desde las comunidades en las que laboramos, para retomar la lucha social, con nuevas dirigencias sin las ataduras al gobierno y la burguesía de las burocracias sindicales tradicionales.