Después de Chávez, ¿VENDRÁ UN PRESIDENTE NARCO?

En la foto Chávez con Luis Abinader, narco-Presidente de República Dominicana

Por Manuel Sandoval

La oleada de ejecuciones y enfrentamientos entre pequeñas bandas de narcotraficantes que luchan por el control del comercio de las drogas ilícitas en barrios marginales, sobre todo en San José, Alajuela, Puntarenas y Limón, ha conmocionado a la población, espantada por la muerte de víctimas inocentes como Samuel, el niño que mientras dormía fue alcanzado por una bala perdida que atravesó la pared de zinc de la casita humilde de Zapote donde vivía con su familia. En lo que va del año se ha roto el récord de homicidios de los últimos años, en lo que parece que será el año más sangriento por muertes violentas en la historia del país.

Fiel a su estilo, Chávez no podía dejar de aparecer, en su gira al Sur a principios del mes pasado, con escoltas armados de ametralladoras. Se había atribuido falsamente el operativo contra embarcaderos ilegales del narco en Moín (que ordenó un juez) y después quiso dar una demostración de que el país tiene al frente “un hombre fuerte”; haciendo un despliegue mediático con escoltas armados hasta los dientes.

La burguesía costarricense lo vio muy mal. Proyectar la imagen de un país sumido en la violencia puede provocar que la entrada de turistas al país disminuya, afectando gravemente la actividad turística, clave para sostener la economía costarricense.

Pero si la lectora o el lector creen que Chávez hizo bien para no arriesgar su vida; déjeme decirle que ni siquiera Biden se mueve con guardaespaldas armados de ametralladoras. Muy raramente. El equipo pesado viene atrás, discretamente, en la sombra. Por supuesto, cuando se visitan escenarios de guerra es diferente y cabe preguntarse entonces si nuestro Presidente se consideraba en un territorio hostil y no controlado cuando visitó el Sur. Podría ser que no se tratase sólo de los shows mediáticos que acostumbra levantar, porque es un personaje muy consciente de su trascendencia histórica.

El corolario ha sido que desde sectores empresariales, los medios y la Asamblea Legislativa se ha empezado a criticar al Ministro de Seguridad Pública, Jorge Luis Torres, porque el gobierno carece de política para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana. Lo que es cierto, aunque es tremendamente demagógico responsabilizar sólo al gobierno.

Cuando el empresario Jorge Angulo fue secuestrado en enero por un comando de 11 hombres fuertemente armados en dos hunbies, una vez liberado mediante el pago de un rescate millonario, se dedicó a ir a los medios a solicitar que se financiera al departamento del OIJ encargado de combatir los secuestros. De las declaraciones del empresario y de los responsables del OIJ quedó en claro que la policía judicial no tiene ninguna capacidad para realizar la labor de inteligencia que se requiere para desmantelar las bandas y liberar a los secuestrados. Al parecer el OIJ, por falta de recursos, se limita a tramitar el pago a los secuestradores.

Este es el resultado de la política de austeridad pactada por el anterior gobierno con el FMI, política que Nogui Acosta ha profundizado desde Hacienda, recortando el gasto público brutalmente. Es claro que sin devolver los 300.000 millones que se le han recortado al presupuesto del MEP no se va a salir del “Apagón Educativo” y en materia de seguridad ciudadana es lo mismo: sin un financiamiento adecuado al OIJ y los cuerpos policiales, el narco y las bandas delictivas “profesionales” va a seguir haciendo de las suyas. La política de poner impuestos a los sectores populares y recortar el gasto público para no meter en cintura a los grandes evasores comienza a ser un boomerang contra la propia burguesía.

¿Qué pueden hacer frente a un comando de 11 hombres fuertemente armados (probablemente con experiencia militar o policial) el guardaespaldas y el chofer de un empresario? Si estas bandas no son más agresivas, es porque inteligentemente mantienen cierta “discreción” para que bajo la presión de la opinión pública no se vuelque la represión sobre ellas.

Aunque desde la derecha comienzan a oírse de nuevo voces pidiendo el endurecimiento de la legislación penal, menos alcahuetería de los jueces con los delicuentes (que supuestamente liberan con mucha mano floja), y más recursos para la policía y el OIJ; estos “expertos” que consultan Telenoticias y REPRETEL no apuntan a la magnitud que ha tomado el problema.

En un informe del gobierno yanqui se señala que Costa Rica se ha convertido en el principal punto de reembarque de la droga sudamericana hacia Europa y Norteamérica, y probablemente por el recorte presupuestario (no hay razones para creer que este gobierno esté más infiltrado por el narco que los últimos cuatro) fuentes norteamericanas señalan (con base en datos del Ministerio de Seguridad Pública de CR) que el decomiso de cocaína cayó de 61,7 toneladas en el 2021 a 33 en el 2022. La situación es tan grave que Washington ha comenzado a hacer donaciones, con el fin de aceitar la maquinaria represiva del país en varios campos y recuperar control sobre los mandos policiales costarricenses.

El año pasado la ANEP denunciaba que en los bancos del país había una masa gigantesca de depósitos bancarios, cuya procedencia no era clara. No hay que especular mucho, sin embargo, para intuir de dónde vienen. No fue sino hasta el año pasado que el scáner de contenedores en APM Terminals comenzó a usarse, pues se esgrimieron mil pretextos para demorar su entrada en acción. Parecido a lo que pasó con los embarcaderos ilegales del narco en Moín, que se mantuvieron sin ninguna acción judicial, de la policía o de la Municipalidad de Limón durante 12 años. Es evidente que ha habido un manto protector sobre las actividades del narco y los grandes capos del negocio extendido por instancias altas en el Estado costarricense.

Con algún atrevimiento, al final de la anterior Administración, algunas figuras sospechosas comenzaron a asomarse a Cuesta de Moras a “relacionarse” con los diputados Cruickshank (evangélico), Gustavo Viales (del PLN, de una familia acusada de relaciones con el narco en el Pacífico Sur) y Óscar Cascante (del PUSC) entre otros. Convenientemente, la Comisión de varios partidos que investigaba estos tejes y manejes fue disuelta tras un informe anodino.

Todo parece indicar que sectores fuertes de la burguesía costarricense se están ligando al negocio del narco. NO es nada raro porque los empresarios costarricenses estafan al fisco y roban fondos públicos con contrataciones de productos pésimos, créditos sin garantía en los bancos públicos que se esfuman en empresas quebradas y otras prácticas criminales.

El narco mueve mucho dinero y por eso penetra todas las esferas de poder y negocios en la sociedad burguesa, donde se topan con gente “muy respetable” dispuesta a venderle el alma al diablo con tal de ganar dinero. No es raro por eso que burguesías débiles como las de Centroamérica y el Caribe (o incluso de países más fuertes como Colombia y México) se asocien a los grandes capos. Han llegado así a controlar algunos gobiernos como el de Honduras, con Washington haciéndose de la vista gorda.

Con la lealtad que caracteriza a Washington con sus peones, mientras pudo controlar y reprimir al movimiento de masas en Honduras, Washington toleró a Juan Manuel Hernández. Desplazados del poder sus testaferros en las últimas elecciones, a JOH lo llevan a juicio el 23 de abril en New York.

Ahora el “narco-consentido” de Washington es Luis Abinader, Presidente de República Dominicana, floreciente empresario y amigo de Chávez.

Sorpresas da la vida, y si ya tenemos a Chávez (cuyas andanzas en Indonesia, uno de los países más corruptos del mundo, no las conocemos), no sería raro entonces que emerja (gracias a la plata del narco en alguno de los partidos burgueses: PLN, PUSC, Nueva República o los partidos de Chávez) un tipo a lo Abinader.

La demagogia de los políticos burgueses exigiendo represión a los sicarios y las bandas que luchan por controlar el negocio de las drogas en el mercado costarricense, no debe hacernos perder de vista que los criminales más mortales, los más dañinos para el país, son los políticos burgueses y los capitalistas que estafan al fisco, algunos de los cuales se están asociando a “los narco-exportadores”. El movimiento de masas tiene por delante una lucha sin cuartel para acabar con la impunidad con que cuentan.

(En la segunda parte: ¿Es necesaria una solución a lo Bukele contra la delicuencia?)