¿Qué pasa y cómo defender a la CCSS?

Algunas reflexiones y propuestas

Adrián Jaén y David Morera, miembros del Comité Central, PRT

Si la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fuera una empresa privada, sería la más grande de Centroamérica, tanto en términos de cantidad de recursos que movilizan como en cantidad de trabajadoras y trabajadores contratados. El presupuesto de la Caja para el 2023 fue de 5,7 billones de colones, de los cuales un 63% (¢3,6 billones) corresponde al Seguro de Salud, un 34% (¢1,9 billones) es para pensiones y un 3% (¢167 millones) corresponde al Régimen No Contributivo (RNC)¹.

Según la revista Estrategia y Negocios² las dos empresas que tuvieron una facturación más alta en Centroamérica al cierre de 2021 fueron Walmart de México y Centroamérica, con una facturación de $6.196,3 millones (que equivale a ¢3,4 billones) la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con una facturación de $3.958,6 millones (equivalente a ¢2,17 billones).

En términos de la cantidad de empleados, según el mismo artículo de Estrategia y Negocios, entre las empresas que se consideran grandes empleadores en Centroamérica el primer lugar lo ostenta la empresa guatemalteca Corporación Multiinversiones, que tiene una planilla con 40.000 empleos, la CCSS emplea a más de 60.000 trabajadoras y trabajadores. Es claro que no se puede hacer una comparación exacta, en tanto la CCSS no es una empresa privada y por tanto no tiene una “facturación”, sino que, como institución pública tiene un presupuesto; sin embargo, las cifras nos permiten tener una idea de la magnitud y el tamaño de la Caja como institución, así como de los intereses que pueden estarse moviendo para privatizar los servicios de salud y pensiones en Costa Rica.

En La República del pasado 15 de marzo de 2023 se cita al presidente Rodrigo Chaves: “(…) yo sostengo que la Caja está quebrada”³ Pretende justificar así que se recorten todas las inversiones en la institución. Ese discurso lo planteó por primera vez cuando destituyó a Álvaro Ramos como presidente ejecutivo por tener la osadía de aumentar el salario de las y los trabajadores de la Caja, razón por la cual destituyó también, de manera ilegal, a cuatro representantes más de la Junta Directiva.

La Caja desde una perspectiva histórica y clasista

Para entender la crisis de la Caja hay que ubicarla primero en su contexto político e histórico. También es importante hacer una reflexión sobre las intenciones políticas que hay detrás del discurso del gobierno y de los grandes empresarios, sus cámaras y partidos. Pero, sobre todo, hay que verlo desde una perspectiva clasista, desde los intereses del pueblo trabajador. Si no entendemos que las y los ricos de este país y sus aliados transnacionales tienen intereses que son absolutamente opuestos, antagónicos, a los intereses de los sectores populares, será sencillo que nos dividan y confundan.

Asimismo, hay que comprender que la situación actual de la Caja se enmarca en una grave crisis del sistema capitalista mundial. Esta crisis crónica produce, en términos generales, una reducción de las ganancias de los grandes capitalistas. El pastel de sus ganancias, que obtienen mediante la explotación de las y los trabajadores, se vuelve más chico, lo que genera enfrentamientos y choques entre las distintas fracciones de los capitalistas que compiten a muerte por una reconfiguración de los mercados mundiales. Por eso, podemos ver a esas distintas fracciones en pugna, compitiendo por adueñarse de distintos segmentos de la industria y el comercio; y, sobre todo, por adueñarse de los nuevos negocios que se abren después de la gran derrota que sufrimos los distintos sectores sociales que nos opusimos al TLC con Estados Unidos. La imposición del TLC mediante el referéndum amañado del 7 de octubre de 2007 deriva en la apertura de la telefonía y de los seguros, también dejan muy avanzada la apertura eléctrica. Ahora las baterías de la privatización se enfilan hacia otros servicios públicos, como la salud, la educación y el agua potable.

Con relación al tema de la salud, el TLC es un parteaguas. Antes de la aprobación de este tratado neocolonial, el INS mantenía el monopolio público de los seguros y la Caja era el único seguro de salud posible. Aunque la salud privada no estaba prohibida, las clínicas y hospitales privados sólo podían aspirar a dos actividades: venderle servicios médicos a la gente más rica del país o a extranjeros pudientes que decidieran por algún motivo venir a tratarse aquí o parasitar de los servicios de la CCSS. Esto último se prestaba por supuesto para actos de corrupción que no vamos a detallar aquí, pero que en su momento fueron ampliamente difundidos, como el caso de los aceleradores lineales del Hospital México o el famoso caso Caja-Fischel, que causó una enorme indignación de la población. Sin embargo, lo que enfatizamos es que la apertura de los seguros le permite, ahora sí, a las clínicas y hospitales privados competir por la atención de la salud de sectores medios, incluso gente de la clase trabajadora que, por determinadas circunstancias puede priorizar el pago de un seguro privado de salud.

La salud es un jugoso negocio, y es claro que el negocio de la salud está creciendo en Costa Rica, impulsada, por un lado, por la desigualdad creciente en la población; y por otro, por la venta de servicios privados a la misma CCSS. Existen intereses económicos muy poderosos que presionan por el debilitamiento de la CCSS, no solamente las empresas que lucran con los servicios médicos, sino también las empresas aseguradoras que ingresan a nuestro país después de la firma del TLC, pues uno de los negocios más lucrativos para estas empresas es la colocación de seguros de salud.

Pero detengámonos aquí un momento a reflexionar sobre el significado que tiene decir que la Caja está en crisis. ¿La crisis inducida de la Caja es algo reciente? ¿Quién define cuando esta institución está en crisis? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de la campaña mediática que se ha montado recientemente para convencernos de que la CCSS está a punto de desaparecer sino tomamos medidas drásticas?

Es obvio que en la Caja hay muchas cuestiones por mejorar. Sin embargo, es claro que las largas listas de espera para la consulta en especialidades médicas no son recientes, tampoco la presa quirúrgica o los problemas de atención en clínicas y EBAIS. La compra de servicios médicos a precios inflados tampoco es algo reciente. Las deudas de los patronos y del estado, que evaden el pago de las cuotas de la seguridad social, son de larga data, así como la permisividad y complacencia de sucesivos gobiernos y autoridades de la CCSS. En realidad, existen distintas políticas que se vienen implementando desde hace muchos años en procura de un debilitamiento sistemático de la institución.

La última vez que la oligarquía de este país empezó a hablar de que la Caja estaba en crisis fue durante el gobierno de Laura Chinchilla, en el año 2012. En ese año la prensa nacional empezó a publicar artículos que hablaban sobre lo peligroso y desagradable que podía ser visitar los hospitales de la Caja, al tiempo que Ileana Balmaceda, expresidenta ejecutiva de la institución señalaba a las y los trabajadores de la CCSS y a los sindicatos como responsables de la crisis, con un discurso muy parecido al que usa Chaves en este momento. Al igual que ahora se están aplicando de manera furibunda recortes a los servicios de la institución sin estudios técnicos confiables, igual que ahora el gobierno central perpetúa y agrava una deuda enorme con la Caja y se niega a pagarla. El pasado 6 de junio, la contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó que la deuda del Estado con la CCCS ascienda a ¢2,9 billones para diciembre de 2022, según información de la propia institución. Es decir, la deuda se eleva a más de la mitad de su presupuesto anual.

La lucha por la defensa de la Caja en el 2012

El sábado 16 de julio de 2012 se publican en La Nación los datos del estudio que realiza la OPS⁴, en el que supuestamente afirman que habrá una debacle en la CCSS sino se congelan las plazas y los salarios. Este informe es solicitado por la Junta Directiva de la Caja mediante Resolución N.º 8500, art. 8º, de fecha 1º de abril de 2011. Hay que recordar que la opinión de la OPS está basada exclusivamente en la información aportada por la Junta Directiva de la Caja y, dado que no se le solicita a la OPS recomendaciones, esta se limita a plantear distintos escenarios.⁵ El informe tiene fecha de publicación del 12 de julio de 2011, es decir, un día antes de que los sindicatos convocaran a una huelga contra los recortes en salud y reivindicaciones salariales. ¿Casualidad? Lo que definitivamente no es casualidad es que el informe de la OPS haya sido explotado mediáticamente, haciendo hincapié en los aspectos que supuestamente demuestra: que las y los trabajadores de la Caja son las y los responsables de la crisis institucional.

A partir de la difusión de los datos de este informe se deja de hablar de la deuda del estado con la Caja y se deja de hablar de la cuestión de las pensiones; ahora resulta ser que la crisis de la Caja tiene que ver con el aumento de las plazas de los últimos años, con los salarios millonarios de algunos funcionarios y con las presuntas estafas que cometen contra la institución los mismos trabajadores de la Caja. Posteriormente se crea la comisión de notables para que emita recomendaciones, en base al análisis que realiza la OPS. La comisión de notables emite un documento con 81 recomendaciones, al cual nos referiremos posteriormente. Lo importante por ahora es señalar que el documento de los notables se convierte en la hoja de ruta de la Junta Directiva de la Caja para, supuestamente, darle solución a la crisis institucional.

Es decir, lo que acabamos de describir, no es otra cosa que la legitimación de un documento, que al parecer es elaborado por entes externos a la CCSS, pero que, si la información es acomodada de manera correcta, se puede observar con mucha claridad que el famoso documento de los notables no es un documento ni inocente y mucho menos imparcial.

No podemos olvidar tampoco quienes son los famosos “notables”: Rafael Carrillo Lara, expresidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP), ampliamente reconocido por sus posiciones antisindicales; Fernando Naranjo Villalobos, economista, en aquel momento Gerente General del Banco Nacional, ex presidente de la Caja (1976) y ex ministro de hacienda (1989), es decir, ficha muy antigua del Partido Liberación Nacional; Pablo Sauma Fiatt, exdirectivo de la CCSS nombrado por el anterior gobierno de Oscar Arias; y Juliana Martínez Franzoni, socióloga, quien labora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR y era en ese momento asesora de ANEP.⁶

No es que entre las 81 recomendaciones del “Informe del equipo de especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del seguro de salud de la CCSS” (conocido como el Informe de los Notables), no haya ninguna idea rescatable; el problema es que dicho informe es un instrumento de legitimación de toda una política orquestada de antemano que pretende debilitar la institución para empujar a sectores cada vez mayores de la población hacia los servicios privados de salud y para hacer más rentables los seguros de salud privados, para favorecer a las empresas aseguradoras que entraron recientemente, después de la aprobación del TLC.

En síntesis, el informe de los notables es un documento elaborado por un equipo en el que el 75% de sus miembros son representantes de la burguesía de este país, hace recomendaciones basadas en un estudio supuestamente “técnico” nada “neutral” realizado por la OPS, el cual a su vez se realiza exclusivamente con información suministrada por la Junta Directiva de la Caja del 2012 y cuyo principal efecto es desviar la atención de la opinión pública de temas muy candentes, como el tema de la deuda del estado con la Caja o el tema de las irregularidades en la Gerencia de Pensiones. El informe de los notables saca de la discusión política nacional los temas más incómodos para el gobierno y los grandes patronos y termina de posicionar una visión empresarial y propatronal del conflicto.

En términos generales, los aspectos más preocupantes del Informe de los Notables se pueden agrupar en tres grandes temas.

Primero, con relación al tema de los ingresos de la institución, el documento se queda en pichuleos y no aborda los temas gruesos. Por ejemplo, no plantea el tema de la reducción de los aportes del estado a la seguridad social, ni tampoco plantea el tema de la desviación de los impuestos recaudados para la seguridad social. Tampoco plantea mecanismos para garantizar que el estado pague sus deudas ni tampoco para garantizar el pago de los patronos morosos, ni siquiera menciona los mecanismos que ya existen, como los contemplados por los artículos 44 y 48 de la Ley Constitutiva de la CCSS, los cuales no se aplican o se aplican mal.⁷ Es decir, con relación al tema de los ingresos, el problema del documento no es tanto lo que dice sino lo que no dice.

Segundo, con relación al tema de los gastos, es un documento completamente propatronal: responsabiliza a las y los trabajadores de la institución de la crisis institucional, pues plantea que el problema es el crecimiento en las planillas (como si no hiciera falta personal en la Caja) y utiliza datos tendenciosos e inflados para hacer parecer que los trabajadores y las trabajadoras de la Caja desangran a la institución con su voracidad ilimitada. Por más que se pudiera estar de acuerdo con algunas de las medidas propuestas⁸, si se aplicaran simultáneamente todas las medidas que se plantean en el documento el resultado obvio sería un debilitamiento de la institución⁹. Pero aún más peligroso es que arremete contra derechos adquiridos por las y los trabajadores de la Caja que son muy similares a los derechos que tienen otros trabajadores del sector público; la suspensión de estos derechos en la Caja podría ser la punta de lanza para comenzar a aplicar recortes en otras instituciones públicas.

Tercero y último, pero no por ello menos grave: el documento propone eliminar el carácter solidario que tiene nuestra seguridad social; la recomendación número 75, propuesta por Carrillo, Sauma y Naranjo propone limitar la prestación de servicios de salud, planteando definir legalmente algunos servicios como universales o de emergencia y limitar el acceso a otros servicios dependiendo del número de cuotas, entre otras limitaciones que se proponen. Esto sería el primer paso para empezar a diferenciar a la población que atiende la institución, de ahí a empezar a diferenciar por ingreso el tipo de servicio que se puede recibir o para implementar sistemas de copago¹⁰ para determinados servicios hay solo un paso. Esta propuesta de diferenciación de servicios va acompañada de otra recomendación que plantea incentivar las prestadoras privadas de servicios.

Con solo estos tres aspectos quedan muy claras las intenciones nefastas del documento.

El Informe de los notables: crónica de un sabotaje anunciado.

El gobierno de Laura Chichilla y los sectores empresariales interesados en convertir a la CCSS en una institución ruinosa utilizaron el “Informe de los Notables” como hoja de ruta, aplicando de forma sistemática las recomendaciones que golpeaba con más fuerza a la clase trabajadora. ¹¹

El 5 de mayo de 2012 la Junta Directiva de la Caja propone a los sindicatos bajar el tope de cesantía a 12 años¹², tal y como recomendó el informe. El 22 de junio La Nación informa que la CCSS aplicará 45 medidas de austeridad: “Para Ileana Balmaceda, máxima jerarca de la Caja, muchas de las medidas sobrepasan las 81 [Sic] recomendaciones que a finales del año pasado dieron la Comisión de Notables, de las cuales ya han atendido más del 60%.”¹³. El 12 de julio la Caja dice que ya ha cumplido con 61 de las 81 recomendaciones: “Modificaciones en el pago de cesantía, de incapacidades y las remuneraciones por tiempo extraordinario son algunas de las acciones que, según los jerarcas, han ayudado a mejorar las finanzas.” Y más adelante, en el mismo artículo se plantea lo siguiente: “Aunque la entidad no tiene el cálculo del impacto directo sobre las finanzas que se espera en el futuro, Max Barbarena, técnico de la Dirección de Planificación y quien está a cargo de coordinar la aplicación de las recomendaciones, dijo que solo en el 2011 la Caja logró ahorrar ¢23.000 millones.”¹⁴

El informe de los notables propone al mismo tiempo reducir el pago de horas extra, reducir las guardias médicas, recortar personal y congelar las plazas. Como es lógico, si se aplican todas estas medidas de manera simultánea se produce un severo deterioro de la institución y un desmejoramiento de los servicios. Para muestra un botón: el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, es el mejor ejemplo de lo que ocurrirá con muchos de los centros que ofrecen servicios de salud en nuestro país. Tal y como denuncia el periódico Bandera Roja: “Debido al recorte del presupuesto se suspendieron las guardias médicas que atendían las emergencias por las noches, cambiando a una modalidad llamada disponibilidades médicas con consecuencias desastrosas en la atención a los asegurados…”¹⁵

Por ahorrarse unos pesos, se somete a los asegurados y aseguradas de la Caja a situaciones que rayan en la tortura, como los 107.288 pacientes que esperaban una cirugía en el 2012, lista que encabezaba el San Juan de Dios, con 17.322 cirugías pendientes.¹⁶ Curiosamente cuando la presidenta ejecutiva de la CCSS Balmaceda intervino el Hospital San Juan de Dios, en el año 2007, se le había encomendado la tarea de eliminar la presa quirúrgica, que en aquel momento era de 7 mil pacientes¹⁷.

En definitiva, después de que Balmaceda pasó por ahí la presa ha aumentado en 10 mil pacientes. La verduga de la CCSS de Chinchilla, que resultó ser tan eficiente aplicando las medidas propuestas por los notables y haciendo recortes presupuestarios, fue pésima solucionando los problemas de los asegurados y las aseguradas. Cuando se le increpó por el estado de los quirófanos del Hospital San Juan de Dios, Balmaceda hizo las de Pilatos: se lavó las manos y responsabilizó al director que estuvo antes que ella. Sin embargo, Balmaceda, de interventora pasó a ser directora y estuvo en el puesto hasta el año 2010, cuando pasa a ocupar el cargo Presidenta Ejecutiva de toda la institución.¹⁸ Y es lógico, a Balmaceda no la pusieron en su puesto para mejorar la seguridad social, sino para desmejorarla.

Las condiciones han cambiado y algunas de las cuestiones que se plantearon en la “hoja de ruta de los notables” en el 2012 se consiguen por otras vías, incluso logran aplicarlo a todas y todos los trabajadores, a través del paquetazo fiscal o la ley anti huelgas, entre otros mecanismos que han implicado una derrota para la clase trabajadora durante los últimos años y que no vamos a ver aquí, pero que también son sustantivas. No obstante, mecanismos como el copago o la selección de tratamientos posibles a partir de los montos de las cotizaciones son de nuevo impulsados con virulencia por el gobierno de Chaves.

Movilización popular en defensa de la Caja y la confrontación del 8N

Durante el 2012 se empieza a levantar un movimiento en defensa de la Caja que recordaba a los comités patrióticos contra el TLC. En varias partes del país, pero sobre todo en algunas poblaciones del occidente del Valle Central, como Palmares y Grecia, así como en las zonas atendidas por los EBAIS administrados por la UCR (la parte oriental de San José y la Unión de Tres Ríos) se empiezan a levantar organizaciones comunales que entroncan con las organizaciones sindicales regionales y se genera una fuerte movilización social que unifica las reivindicaciones laborales de las y los trabajadores de la Caja con las necesidades y demandas de la población asegurada.

Este movimiento culmina con la movilización de 8 de noviembre de 2012, cuando se da un enfrentamiento entre manifestantes de la zona de occidente, otras organizaciones sociales y estudiantes universitarios que termina en una golpiza en la Avenida Segunda con más de 60 personas arrestadas en distintas oleadas de enfrentamientos y arrestos, durante los cuales hubo agresiones policiales incluso contra diputadas y diputados del Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, que en aquella época era todavía un partido de oposición, supuestamente progresista. La brutalidad policial causó tal indignación que quince días después se efectuó una nueva movilización en defensa de la CCSS y en contra de la agresión policial a las y los manifestantes del 8N, como se popularizó después el hecho político¹⁹. Después de ese enfrentamiento, el Gobierno de Laura Chinchilla le bajó el tono al discurso en contra de la Caja, lo que no quiere decir que no se haya continuado con los planes de debilitamiento institucional que se aplican de manera silenciosa, pero diligente.

Prepararse para una huelga general en defensa de la Caja

Las y los trabajadoras de la Caja, así como las y los usuarios de la Caja estamos interesados en el fortalecimiento y mejoramiento institucional. Mediante una fuerte campaña mediática el gobierno y los grandes empresarios con cinismo intentan confundir al pueblo, tratan de convencernos de que ellos están realmente interesados en el mejoramiento institucional cuando es lo contrario. Más grave aún, intentan convencernos de que los enemigos de la seguridad social son las y los trabajadores de la Caja.

Para la clase trabajadora se torna urgente precisar algunas consignas prioritarias. No se le puede brindar salud al pueblo sin el personal de la Caja, sin doctores y doctoras, sin misceláneos y misceláneas, sin enfermeros y enfermeras, etc. Sin el personal los hospitales son un cascarón vacío. Por otro lado, la razón de ser del personal de la CCSS es la atención de las asegurados y las aseguradas, si los grandes capitalistas y sus partidos logran su objetivo de quebrar la Caja, las y los trabajadores de la institución perderían el trabajo, y las y los asegurados el servicio público

Ante el saqueo de la seguridad social es urgente preparar una Huelga General en defensa de la CCSS, una huelga bien preparada, desde las bases y en estrecha coordinación con las comunidades afectadas por el creciente deterioro de los servicios. Es imperativo forjar la más amplia unidad de los sectores sindicales, incluyendo los sindicatos que no son de la CCSS, así como con todas las organizaciones populares y comunales que realmente quieran luchar y defender la seguridad social del país.

Esto es necesario discutirlo y colectivizarlo con otras organizaciones, pero podemos proponer un primer juego de consignas o reivindicaciones:

1. Pago en efectivo e inmediato de la deuda del Gobierno central con la CCSS, así como cobro perentorio de la deuda de las grandes empresas. No a la estafa de los bonos como forma de pago ni condonaciones ilegales de la deuda. La deuda exorbitante conduce al grave deterioro de los hospitales, clínicas y EBAIS. Garantizar ese pago para adquirir de emergencia equipos e infraestructura, cantidad y calidad de medicamentos, más personal médico y asistencial para acabar con las largas listas de espera, la presa quirúrgica y poner en marcha obras fundamentales como la construcción del nuevo hospital de Cartago.

2. Revisión de los reglamentos y cobros abusivos e indebidos a asegurados voluntarios, sobre todo en los casos de trabajadoras y trabajadores informales, precarizados y migrantes.

3. No más impunidad frente a los actos irregulares y presunta corrupción en el caso de los manejos de los fondos de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), así como el sistema de compras. Fuera Rocío Aguilar de la superintendencia de pensiones y Marta Esquivel de la presidencia ejecutiva de la CCSS.

4. Defensa de los derechos de las y los trabajadores del CCSS, reconocimiento salarial digno para las y los trabajadores que estuvieron en primera línea durante la crisis pandémica. Abajo la regla Fiscal y la Ley de Empelo Público. Defensa del derecho de huelga, no más persecución sindical. Respeto a los derechos adquiridos y los contenidos en la Normativa de Relaciones Laborales en su integralidad. Respeto al derecho humano universal y constitucional a la libertad sindical y a la huelga.

¿Cómo organizarse?

Para acometer esta batalla crucial, desde luego se requiere la unidad popular más amplia posible. La pregunta es: ¿cómo articular y funcionar procurando una red a escala nacional? Dos iniciativas sometemos a consideración lo siguiente:

1. Propiciar a un Encuentro o Diálogo Popular con dos ejes fundamentales: la defensa de la salud y la educación púbica, puntales fundamentales de los derechos y garantías sociales, hoy más que nunca amenazados. Para ello coordinar con federaciones estudiantiles y sindicatos del conjunto de la educación pública, en procura de una instancia de enlace popular para unificar la lucha de cada vez más amplios sectores populares.

2. Recurriendo a la memoria histórica de las luchas del pueblo, orientarse a llevar la lucha a las comunidades, organizando Comités Patrióticos en defensa de la salud y la educación pública en todas las regiones y localidades en los que se pueda acceder.

Esperamos que en el Diálogo convocado el 8 de agosto muy acertadamente por el Movimiento Unidos por la Caja, se planten los cimientos analíticos y propositivos para avanzar con fuerza a enfrentar y derrotar la ofensiva de la mafia empresarial que nos desgobierna.