AYA: DERECHO AL AGUA
DEFENSA DE UN SERVICIO PUBLICO VITAL
Alvaro Espinoza, exdirectivo sindical de AyA.
Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución pública, autónoma creada por ley en abril de 1961, ente rector de agua potable y saneamiento. En un país con grandes fuentes de recurso hídrico, las y costarricenses consideraban inagotable al agua natural, en virtud de su abundancia. Históricamente las comunidades se abastecían de pozos artesanales y cuencas hidrográficas por medio de acueductos administrados por los ferrocarriles nacionales y las municipalidades.
A partir de su fundación el instituto asume como ente rector y casi exclusivo prestatario de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Los precios por los servicios eran muy bajos, por ser concebido como un servicio de bien social, más que de carácter económico.
Una vez asumidos los sistemas de conducción y las fuentes de agua superficiales y subterráneas, su reto inmediato fue el tratamiento y potabilización mediante tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento y lagunas de oxidación, tanto del agua potable como saneamiento. Así garantiza la cantidad, calidad y continuidad de los servicios a todos los habitantes. Y contribuye, de manera notable a la salud pública, evitando el contagio de enfermedades gastrointestinales, como diarreas, el cólera, etc. El AyA también la potestad y responsabilidad de fiscalizar, supervisar y garantizar la protección de las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas.
Gran conquista social del pueblo costarricense, considerando que hoy más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable.
A partir del 2010 se intentó reconocer al agua potable y saneamiento como un derecho humano. Pero, es hasta mayo 2020 que el parlamento reforma el art 50 constitucional donde se declara como un derecho humano. En setiembre 2015, en la cumbre de la O.N.U, se firmó la declaratoria donde Costa Rica es signataria del programa de desarrollo sostenible 2030.
Para combatir todas las formas de pobreza y desigualdad, es clave garantizar la sostenibilidad y la gestión del agua y saneamiento y la de hacerle frente al cambio climático. Es además un asunto de justicia social, que los pobres y los ricos tengan iguales condiciones para el acceso al agua potable.
A partir del año 2.000 se inició un proceso de modernización producto de la digitalización y los avances tecnológicos.
El valor por los servicios hídricos se transformó en tarifas competitivas, eliminándose el subsidio de la tarifa residencial, se asumieron nuevos acueductos, tanto rurales como municipales; y se amplió la cobertura de nuevos proyectos de infraestructura hídrica.
El desarrollo inmobiliario producto del crecimiento demográfico, la industria y el turismo aumentaron la oferta y la demanda que vino a desnudar falencias, rezagos y limitaciones presupuestarias en la gestión institucional. Además, evidenció la degradación de los acuíferos y la contaminación producto del cambio climático, desastres naturales y la inconsciencia del hombre.
La sequía, la batalla por el agua y el conflicto social callejero.
Desde la perspectiva política, defendamos el futuro de nuestra agua y la institucionalidad del servicio público ante la amenaza de los grupos de poder. En todo el planeta se agrava la escasez de agua dulce. La sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación aparejada a la industrialización, han comprimido y deteriorado los grandes reservorios de agua.
Muchos países recurren a la explotación de los causes transfronterizos, otros a la importación de agua dulce y a la desalinización. Ante este escenario, muchas empresas transnacionales dedicadas al negocio del agua se han apoderado de grandes extensiones de tierra ricas en agua. La comercialización del agua es uno de los mercados más lucrativos en este degradante planeta. El agua representa salud, vida y poder. Las guerras hídricas serán las guerras del futuro.
Para los grupos de poder el problema de escasez del recurso hídrico y la excelencia en la prestación de los servicios se supone se soluciona con la privatización. Para el neoliberalismo el agua es una mercancía más de lucro a disposición del que pueda pagar.
La ley constitutiva del AyA garantiza el carácter social del agua, el agua es un derecho humano de respaldo constitucional. No obstante, agentes privatizadores han debilitado al instituto, tanto a nivel interno como externo, sometiéndolo a severos y sistemáticos ataques que ponen en peligro su estabilidad y su autonomía.
El estado tiene obligación de garantizar el acceso al agua.
Hoy Costa Rica tiene más de 300 mil personas que no tienen acceso a agua potable. De once instituciones públicas, el AyA tuvo el peor desempeño en ejecución de proyectos, según el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda. (La Nación, 22 febrero 2022). Esta colocada entre los últimos lugares en el cumplimiento de disposiciones (La Extra, 22 febrero 2020).
El AyA tiene fuertes debilidades para gestionar proyectos. Planificar y gestionar proyectos de infraestructura, sin tener los planes ni recursos, es inaceptable, como ocurrió con el proyecto de mejora ambiental. El no uso de empréstitos internacionales para proyectos de inversión lleva al pago de multas por dinero ocioso y a la pérdida de más créditos.
El AyA tiene un rezago de 20 años en infraestructura hídrica que nos conducirá a una crisis extrema de escasez para los próximos años, amenazando la calidad de vida y el desarrollo del país.
Como refuerzo de la gestión institucional es necesario asesorar y capacitar a las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS), organizaciones comunales que administran y dan mantenimiento a los acueductos locales, con convenio de delegación y potenciar, por ejemplo, la administración y fortalecimiento de los acueductos en territorios indígenas.
Según el diario La Extra del 8 de setiembre 2020: las Asadas sin convenio de delegación con el AyA y las Sociedades de usuarios de agua no garantizan el suministro de agua potable. La explotación descontrolada de miles de pozos ilegales, tanto para consumo humano como para actividades comerciales, contaminan nuestros mantos acuíferos (La Extra, 18 de junio 2020). Para agravar el panorama, el 50% del agua que AyA extrae se pierde, no se refleja en los ingresos por líneas de conducción en mal estado. Costa Rica ocupa el primer lugar en Latinoamérica de agua que no se factura, según el Informe del Estado de la Nación. Las conexiones ilegales y el abastecimiento a asentamientos precarios también presionan al AyA.
El poder tras la privatización del servicio público y el recurso hídrico.
La oligarquía privatizadora explota las debilidades internas como externas para deteriorar aún más al instituto y apoderarse de las fuentes de agua. La tercerización de los servicios y las malas políticas hídricas apuntan en ese sentido.
La estructura funcional del AyA es cuestionada, comprometida y vulnerada por las políticas de los gobiernos de turno y las jerarquías institucionales, creando unidades ejecutoras independientes y operativamente autónomas que afectan la gestión institucional (Ver decretos de Mideplan # 33783, 36086, la Nación, 22 abril 2023).
Aprobado en primer debate por el parlamento, el proyecto de ley # 17742 durante los gobiernos de Laura Chinchilla y Solís Rivera, pretendió convertir el recurso hídrico en un bien económico, en vías de su privatización paulatina.
El presidente Chávez pide intervenir urgentemente al AyA , según informó La Nación el 22 de mayo 2022 Es así que los grupos de poder impulsan una nueva ley de aguas que pretende desmantelar al AyA y eliminar su rectoría de aguas.
La ineptitud en los procesos de planificación y ejecución por parte de las cúpulas del instituto en los proyectos de obra pública hídrica, sumado a la nefasta regla fiscal, impuesta mediante la ley de finanzas públicas, secuestro el presupuesto institucional, impactando la inversión de proyectos estratégicos. El AyA y el recurso hídrico hoy se encuentran al borde del abismo.
Condición de proyectos:
a) El proyecto estrella Paacume o agua para Guanacaste” por un costo de 425 millones de dólares, diseñado para entrar en operación en el año 2022. la Nación. Proyecto del que, no por casualidad, el presidente Rodrigo Chaves tiene serias dudas, por lo cual es un proyecto incierto.
b) Desde la sequía extrema del 2014, la salinización de mantos acuíferos y la contaminación por arsénico, el AyA impulso proyectos de infraestructura hídrica para la zona de Guanacaste con proyección de operación para el 2019. (La Extra, 8 agosto 2017)
c) El Proyecto alcantarillado sanitario de la G.A.M, inicio en el 2006, previsto para terminar en el 2012, la planta de tratamiento los Tajos entró en funcionamiento en el 2015, con un costo original de 322 millones de dólares, proyecto que terminó duplicando su valor, (La Extra, 12 noviembre 2018)
d) Proyecto RAM para reducir el agua no contabilizada. inicio de la obra 2019, con un costo de 162 millones de dólares, proyecto en proceso, resultado insuficiente. (La Extra, 22 setiembre 2020).
e) Proyecto para la ampliación del acueducto metropolitano, por un costo de 422 millones de dólares, su operación está prevista para el año 2025, avance del proyecto: desconocido (La Extra, 8 de mayo 2020).
¿Cómo defender al AyA y al recurso hídrico?
Tanto las y los trabajadores del AyA, como las asociaciones de acueductos rurales, ecologistas y personas usuarias de los servicios pugnan por la eficiencia y fortalecimiento del instituto, que se garantice y proteja el recurso hídrico como patrimonio natural del estado.
Los grupos de poder han debilitado, satanizando y estigmatizado al AyA con sus políticas antipopulares y triquiñuelas privatizadoras, mostrándola ante la opinión pública como una institución ineficiente que hay que desmantelar.
Hay que prepararse para una huelga popular en defensa del agua, desde los trabajadores, organizaciones sociales, sindicales y populares, usuarios y comunidades, como parte de una agenda de lucha mas´amplia en defensa de las garantías y conquistas sociales. Está en juego la vida, la salud, el servicio público y el futuro de las próximas generaciones.