Policía protagoniza balacera en Alajuelita
Por Comité Editorial
(San José, Costa Rica) El pasado viernes 17 de julio, en horas de la tarde, tuvo lugar un importante despliegue policial en la comunidad de Monte Alto, en Alajuelita. En principio, habría iniciado un forcejeo por la distribución de paquetes de alimentos para las familias afectadas por el Coronavirus, que terminó en el intercambio de gritos, nos informan que la policía agredió a una mujer embarazada y finalmente se retiraron dando tiros. Es grave, pues desde Bandera Roja tenemos evidencias del abuso policial, pues las fuerzas policiales utilizaron sus armas de fuego, disparando entre las callejuelas, en donde viven personas adultas mayores y también menores de edad.
Desde nuestra página condenamos esta actuación, pues viene a sembrar más incertidumbre en una comunidad amenazada, no solo por el virus y la violencia, sino por el hambre, ante la pérdida de las fuentes de trabajo.
Recordemos que se trata de un asentamiento en disputa, pues allí decenas de familias sin casa propia luchan por una solución de vivienda, pero viven cotidianamente la amenaza de desalojo por parte de la Municipalidad. Recalcamos que, como ya hemos denunciado en varias ocasiones, el alcalde de Alajuelita es un enemigo declarado del asentamiento y es uno de los principales impulsores de la campaña xenófoba y difamatoria de la gente pobre que vive en la comunidad, con el objetivo de justificar un desalojo.
También es importante señalar que se han hecho distintas gestiones ante las autoridades para tratar de ayudar a la comunidad, como por ejemplo, las solicitudes de dotar de agua potable el asentamiento, tanto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como en el Ministerio de Salud y las autoridades han hecho oídos sordos a las exigencias de ayuda y apoyo. Una comunidad de 260 familias sin acceso a agua potable constituye un potencial peligro que las autoridades de salud no han querido atender, a pesar que la denuncia de la situación se hizo desde marzo, cuando la crisis sanitaria apenas estaba iniciando.
Según los últimos reportes, en la mañana de este sábado, fueron 7 los detenidos en el operativo del viernes, entre los cuales están los vecinos que han apoyado al alcalde, como lo denunciamos en las páginas de Bandera Roja. Como reza el dicho popular “Mal paga el diablo a quien bien le sirve” pues su amistad con el alcalde y la cooperación en el desalojo no ha impedido que se los lleven presos. Tenemos el reporte de otros vecinos que señalan que entre los detenidos están provocadores que intentaron sustraer los alimentos, y aparentemente son las mismas personas que estuvieron meses anteriores negociando, sin apoyo y consentimiento de la comunidad del asentamiento, con las autoridades municipales.
Condenamos la utilización de este incidente por parte de páginas de internet, como “Alajuelita informada” y “Alajuelita Hoy” que, de manera irresponsable, hacen llamados estridentes en contra de la población migrante que habita en los asentamientos, incitando al odio, haciendo generalizaciones odiosas, tachando de delincuentes o cosas peores a personas cuyo único delito es ser pobres y estar en condiciones de vulnerabilidad social, situación de carencia que se agrava en medio de esta situación de crisis sanitaria. Muchas de las personas que viven en Monte Alto quedaron desempleadas luego de que inicia la crisis sanitaria, la mayoría de las familias no están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades municipales y el gobierno, a pesar de que son de los sectores más empobrecidos. En la comunidad de Monte Alto viven niñas y niños, personas adultas mayores y personas con necesidades especiales que tienen meses de estar en una terrible situación económica, sin recibir ningún tipo de ayuda y atención, a pesar de las dramáticas condiciones en las que intentan subsistir.
Hacemos un llamado a las organizaciones comunales, políticas, sociales, feministas, ecologistas y de derechos humanos para rodear de la solidaridad a la comunidad de Monte Alto. Al mismo tiempo urge avanzar en una campaña para que los ricos paguen la crisis, y no pase la factura a las familias que menos tienen.
Menos balas y más comida, urge una solución de vivienda y de reactivación económica en la comunidad.