Ante el colapso hospitalario ¿Cuál es la salida?

Por Jean Moreno Urbina

Con el aumento de casos por el rebrote de la COVID-19, hay muchas preocupaciones en el debate público: el atraso de la campaña de vacunación, la complicidad de las burocracias sindicales que no mueven un dedo para defender nuestros derechos, la continuidad o no del curso lectivo presencial, la restricción vehicular, entre otros temas. Pero en esta nota deseamos señalar un problema tan o más más delicado que necesita una solución inmediata y decidida: ¿Qué hacer ante la inminente saturación de los servicios de cuidados intensivos de los hospitales públicos?

No podemos olvidar que la CCSS viene colapsando desde hace años, pero esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia sus graves limitaciones. Desde nuestra perspectiva, por no invertir, y en el fondo, por no cobrar a los evasores, el sistema público de salud se ha venido deteriorando desde hace años. Con la saturación hospitalaria, estamos a las puertas de ver morir decenas de pacientes al día por la falta de espacios. Miles de pacientes tienen atrasos en sus citas de control, por reducción de las consultas presenciales con personal especialista. Ante esta situación, las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) solicitaron la declaratoria de una alerta roja hospitalaria, y buscan apoyarse en las clínicas privadas para reducir listas de espera. Sin embargo, ni Casa presidencial, ni el Ministerio de Salud, ni la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) apoyan la idea.

¿Por qué el gobierno no quiere declarar alerta roja hospitalaria?

El gobierno ha tenido una política contradictoria, pues oscila entre la presión de las cámaras empresariales y la presión de sus asesores especialistas en salud. Por un lado, el gobierno promovió el turismo nacional en semana santa, pero con esto se alimentó el rebrote. Por otro lado, tiene una política dura de castigar el transporte particular, con la restricción vehicular y el fomento del transporte público en condiciones de hacinamiento. Además, el gobierno no ha querido aflojar ante la presión para suspender el curso lectivo presencial, aunque sea por un par de semanas, cuando hay miles y miles de menores de edad saltando de una burbuja social a otra. Pero, la negativa a la alerta roja hospitalaria tiene importantes motivaciones económicas:

En primer lugar, el gobierno está fracasando en su política de recortes. Han reducido brutalmente presupuestos de diferentes instituciones, pero la CCSS está requiriendo más y más recursos. Por ejemplo, la Caja al cobrarle al MEP las cuotas obrero-patronales atrasadas (más de ₵150 mil millones) está anulando la política de austeridad y “ahorro” que ha venido aplicando muy eficazmente la ministra de educación. El déficit presupuestario sigue creciendo.

En segundo lugar, la negativa de la CNE para abrir el fondo de emergencia para aportar a la CCSS. Con la declaratoria de una alerta roja hospitalaria, la junta directiva de la Caja pretende tener acceso a una porción del jugoso fondo de emergencia. El problema es que, en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria en vigor desde el año pasado, la CNE ha echado mano del Fondo Nacional de Emergencia (₵137 mil millones) pero ya tiene comprometido el 90% de ese presupuesto para otras obligaciones. Así que en la CNE hay resistencia a ceder fondos a los hospitales públicos.

Artículo 368 ¿Un argumento para no dar fondos de emergencia a la CCSS?

La junta directiva de la CCSS ya viene negociando tarifas con las clínicas privadas, pagando millones por cada cama, y las clínicas poniendo condiciones como lo es “no recibir pacientes con COVID-19”. Así lo han dicho a la prensa. Eso sí, este acuerdo no se ha concretado porque en la CCSS necesitan recursos y calculan que Fondo de emergencias les puede servir. Lo curioso es que, en el pleito entre la junta directiva de la CCSS y la CNE por ese presupuesto, Alexander Solís lanzó un argumento insospechado para negar fondos de emergencia al seguro social. Así lo describen en el periódico La Nación:

« En el oficio CNE-PRE-UAL-OF-0090-2021, Alexánder Solís, presidente de la CNE, le manifiesta a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, que dado el aumento de contagios y muertes relacionadas con el coronavirus se puede aplicar el artículo 368 de la Ley General de Salud. Ese artículo dice: “En caso de peligro, amenaza o de invasión de epidemia y de desastre provocados por inundaciones, terremotos u otra calamidad y en casos de emergencia nacional” el Ministerio de Salud podrá “disponer de edificios u hospitales públicos o privados, por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete”. »

Claramente en la CNE ni en Casa presidencial están por una política agresiva para ordenar a las clínicas y hospitales privados funcionar sin condiciones en la atención de la emergencia sanitaria. El ejecutivo lo que pretende es mantener la política de contención de gasto y no gastar más de la cuenta en un sistema de salud en el que no creen.

Mientras los hospitales públicos colapsan, en los privados se cruzan de brazos

Cada día en una unidad de cuidados intensivos (UCI) tiene un costo superior al millón doscientos mil colones ¿Cuánto pretenden cobrar las clínicas privadas por atender las listas de espera? Somos del criterio de que nuestras vidas son más importantes que las ganancias de unas cuantas empresas que lucran con la enfermedad y la muerte. Estas empresas que no han movido un dedo por el bien común en esta emergencia sanitaria. Así pasa hoy con la lucha por liberar las patentes de la vacuna, y garantizar un acceso universal a las investigaciones científicas. Lo mismo aplica para disponer de los recursos hospitalarios que hoy están en manos privadas. Creemos que es de vital relevancia lo dispuesto en el artículo 368 de la ley general de Salud de Costa Rica, y aplicarla como ya se ha hecho en países como Irlanda, Portugal, España, Austria.

El gobierno de Carlos Alvarado es un desastre porque es incapaz de tener una orientación coherente en la lucha por salvar vidas. En un gobierno obrero y popular no nos temblaría la mano para exigir que se abran las salas, se preparen las camas, laboratorios e insumos de las clínicas y hospitales privados para utilizar todos los recursos disponibles en la lucha contra la pandemia. La crisis se debe enfrentar sin medias tintas ni vacilaciones. Pero para llevar esto a la realidad, debemos construir las organizaciones y herramientas políticas para llevar un verdadero plan ante la pandemia.

¡Urge un plan de emergencia hospitalaria gestionada por asambleas de trabajadoras y trabajadores de la salud! ¡Aplicación del artículo 368 de la Ley general de Salud! ¡Nacionalización bajo control obrero de las clínicas, laboratorios y hospitales privados!

¡Reclutamiento extraordinario de personal de salud del sector privado, de jóvenes y sin empleo para reforzar la consulta externa y reducir las listas de espera!

¡Agresiva campaña de cobro grandes patrones evasores! Si no pagan ¡Cárcel y confiscación de bienes!

¡Ante el hacinamiento y precariedad, de los asentamientos informales, urge plan de obras públicas, dotación de agua potable y vivienda digna!

¡Por una amplia campaña de vacunación, exigiendo la liberación de las patentes, y ampliando los lineamientos para la autorización de otras vacunas como la Sinopharm, la Sputnik V y otras utilizadas en el resto de Latinoamérica!