¿Default en Costa Rica?
En la burguesía costarricense se comienza a hablar de la posibilidad de un “default” …¡y podría ser de consecuencias catastróficas para los sectores populares!
Por Manuel Sandoval Coto
Desde la semana pasada, con la discusión del proyecto de recorte presupuestario en la Asamblea Legislativa, entre los economistas con más peso en la burguesía se ha abierto una discusión sobre el curso hacia un “default” del Estado costarricense. El término en inglés define una situación con imposibilidad de pago a los acreedores, y se utiliza porque en la teoría económica burguesa no se concibe que el Estado pueda quebrar. El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, lo introdujo en la discusión y señala con el apoyo de cifras espeluznantes sobre los vencimientos del pago de intereses que se han acumulado para el año entrante que el default puede terminar siendo “inevitable” en el 2021, si no se se actúa con responsabilidad y se toman de inmediato medidas más fuertes frente al déficit fiscal: entrándole a fondo al programa de desmantelar el Estado y remodelarlo en un sentido neoliberal.
Después de la crisis del 2008-2009 a nivel internacional, la evasión fiscal de los grandes empresarios se disparó y para llenar el hueco que se abría en las finanzas públicas se recurrió al endeudamiento. Una situación que iba a terminar siendo explosiva al cabo de una década, porque el pago de intereses de una deuda que se arrastra de año a año “in crescendo” se ha convertido en un factor que hace aumentar el déficit fiscal pese a que los gastos del gobierno han sido fuertemente contenidos: la masa salarial prácticamente ya no crece, el ritmo de crecimiento del monto de las pensiones se frenó con los recortes a las pensiones más altas, y los programas sociales están muy disminuidos. La reforma fiscal que diseñó la exministra de Hacienda Rocío Aguilar se asumió en los círculos más poderosos de la burguesía como una primera etapa en el achicamiento y remodelación del Estado. A partir de un recorte violento del gasto público en el 2021 y el comienzo de la reforma del Estado se esperaba que hacia el 2024 el crecimiento de la deuda se comenzara a revertir. La pandemia se trajo a pique todos estos cálculos, jalados del pelo de por sí porque no medían el impacto recesivo que podía tener una reducción violenta del gasto público.
Si el lector nos ha leído atentamente, tal vez ha captado que desde abril venimos advirtiendo en estas notas de la posibilidad de un default, por la caída de la actividad económica con el confinamiento total que se adoptó como política frente a la pandemia y la consiguiente merma en los ingresos del Estado. Hemos señalado como muy probable que hacia finales de año Hacienda se encuentre sin recursos (y amparándose en pronunciamientos de la Sala IV y el entramado legal creado por la Regla Fiscal) simplemente opte por no pagar completos ni los salarios ni las pensiones a cargo del presupuesto nacional. La Contralora Marta Abarca, en La Nación del jueves de la semana pasada, insatisfecha con el recorte presupuestario mínimo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, advierte que “el lobo llegó” y el Estado no está obligado a pagar si no tiene fondos.
Advertimos al lector, sin embargo, que este default que podría producirse hacia finales de año, no es el grande, no es la bomba de tiempo que han activado para el 2021. Hacia fines de año podría producirse un hueco, un faltante de liquidez en la Caja única del Estado por alguna plata que no entró a tiempo, y conforme a las prioridades que tiene la burguesía, se dejarían de pagar completos los salarios y las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Una situación así no sería tan grave para la burguesía, porque no se estarían dejando de pagar intereses de la deuda (lo que es clave para no provocar una ruptura con los mercados financieros de los que depende el financiamiento del déficit fiscal), y con los $ 8 100 millones de dólares de las reservas acumuladas por el Banco Central, el colón no se vería muy expuesto a una devaluación brusca. Los efectos inflacionarios de una caída suave del colón serían limitados. Ni qué decir, sin embargo, que para los trabajadores del Estado, el pequeño comercio y la actividad turística sería un golpe terrible, después de estos meses de caída libre del país por el confinamiento forzado.
El ministro de Hacienda, Elián Villegas, asegura, sin embargo, que el año se va a cerrar bien. Puede ser… analicemos un poco por eso la situación actual, antes de proyectarnos al 2021.
El presupuesto nacional de este año (10,5 billones de colones) se proyectó financiarlo adquiriendo más deuda, otros 4,4 billones de colones para pagar los intereses de la que se arrastra. Nadie se pudo imaginar, sin embargo, el efecto económico que iba a tener la pandemia, que según la Contralora va a disminuir en 1,2 billones de colones la recaudación de impuestos y según Chaves en 1,5 – 1,6 billones. Las proyecciones de Hacienda en cuanto a los ingresos por tributos se quedaron cortas, porque en abril se hacían proyecciones de una caída del PIB del 3,6% y ahora se están haciendo más altas, contemplando una caída del PIB del orden de un 5,5% de acuerdo a Chaves.
Con los datos de la Controlara está planteado que el déficit de este año rondaría un 11,5%. El ministro de Hacienda actual, Elián Villegas, pareciera optimista en que va a poder manejar la situación con el método de patear la bola para adelante. Por medio del mecanismo del “canje” se está cambiando deuda que vence este año con intereses al 9% (deuda que en buena medida se contrajo a comienzos de año), por deuda con poquito más de tiempo y con intereses más bajos. Confía en que al final el déficit quede entre un 7-8 % del PIB y que con una emisión más de bonos del orden de 664 mil millones de colones se termine el año bien. Es un juego arriesgado que tenemos dudas si va a salir bien: Hacienda consigue plata, paga intereses de la deuda que arrastra y gastos corrientes, y a corto plazo está obligada a endeudarse de nuevo para cubrir el pago de intereses de la última deuda que se adquirió.
Para conseguir plata para seguir en esta especie de juego de la pirámide, el ministro y los economistas de la burguesía coinciden en que es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe el préstamo con el FMI de $ 508 millones de dólares y el stand-by por $ 2 250 millones a desembolsar en tres tractos anuales. Señalan que con estos préstamos el país asumiría los compromisos de reformas estructurales del Estado que darían una señal de confianza a los mercados financieros para que siga llegando plata: venta de activos (empresas) del Estado, alza del IVA, cierre y fusión de instituciones públicas, mayores recortes de salarios y pensiones.
Si la cosa funciona y se logra seguir colocando los bonos del Estado costarricense tanto adentro como afuera, pese a la calificación casi de bonos basura que les pusieron las calificadoras de riesgo de los especuladores de Wall Street, podría ser que se llegue al 2021, cuando la masa de intereses por pagar es tan grande (casi $ 10 000 millones de dólares de acuerdo a Chaves) que el default parece inevitable. La economía costarricense ha llegado a tal nivel de endeudamiento ($42 000 millones de dólares, un 68% del PIB) que no puede seguir sosteniendo la carga de una deuda que crece incesantemente por el pago de intereses. No sólo porque es una economía muy débil; el problema fundamental en estos momentos (frente al cual ninguno de los cerebros de la burguesía tiene alternativa porque no la hay) es cómo se produce un repunte de la actividad económica, a través de una reinserción en el mercado internacional que le permita al país ocupar un espacio que permita algún respiro económico. A nivel mundial estamos ante los comienzos de una depresión quizás más profunda que la del 29. Si a eso añadimos que la salida de la burguesía recortando brutalmente el gasto del Estado va a provocar más recesión, es difícil pensar que el país va a poder escapar al “mega default” en el 2021.
Que el Estado deje de pagar la deuda a nivel nacional e internacional, cortaría el flujo de nuevos préstamos para mantenerlo funcionando y sería un golpe recesivo brutal sobre el conjunto de la economía. Quebrarían o se desfinanciarían gravemente las instituciones que el gobierno ha cogido de Caja Chica: la Caja, el IVM y los fondos de pensiones complementarias, JUPEMA, los bancos del Estado, cooperativas y otras instituciones semi públicas. El colón, pese a las reservas internacionales en dólares, se hundiría, desatando un tremendo proceso inflacionario que borraría salarios y pensiones si se siguieran pagando. Un panorama trágico con el que la burguesía puede comenzar a asustar para impulsar el programa de desmantelamiento del Estado, pero que en el marco de la depresión internacional que se ha abierto puede tornarse realidad.
Sobre todo, porque este gobierno no tiene ninguna política para articular un programa de reactivación económica, a partir de la construcción de hospitales, carreteras y viviendas con fondos y proyectos de la Caja, AyA, el ICE, los bancos públicos, el INS y otras instituciones. Carlitos sueña con el tren eléctrico de la Primera Dama, y cree en la solución milagrosa de achicar el Estado, la receta neoliberal que hundió a Grecia en el 2008-2009. (Un país que la pandemia acabó de destruir).
Hay que seguirle el paso a la discusión dentro de la burguesía sobre las perspectivas económicas. Con la hecatombe fiscal que nos amenaza de más en más, la reacción de la burguesía va a empezar a ser la de la fiera herida. El movimiento obrero y popular debe comenzar a discutir una salida anticapitalista a la crisis. Una salida volcando la fuerza organizada de los trabajadores y el pueblo a las calles. Los burócratas sindicales que pitan los carros para que los oigan en Zapote y les abran las puertas para dialogar, se engañan solos una vez más. Carlitos Alvarado gobierna para la gran burguesía costarricense y sólo la fuerza del pueblo en las calles, A LA BRAVA, le va a torcer el brazo.
¡SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!