Dirigencia de APSE no quiere luchar

La ley 9999 es una cortina de humo para no dar la lucha contra el recorte presupuestario en educación

Por Manuel Sandoval

Ayer en la noche (30 de setiembre)me conecté al programa “Desde la otra acera”, espacio de la APSE para analizar temas de la realidad nacional y de la educación. Tenía alguna expectativa porque el programa de hoy estaba dedicado al recorte presupuestario por 300 000 millones de colones que le hizo Hacienda al MEP para el año entrante; imaginaba que la dirigencia de la APSE iba a aprovechar el programa para anunciar algunas medidas de lucha para presionar a las diputadas(os) a que no aprueben el presupuesto nacional con este recorte presupuestario para el MEP. Saray Esquivel, la Presidenta de la APSE, leyó inicialmente un análisis del recorte, elaborado por uno de los asesores-investigadores de la APSE, y concluyó sin señalar ninguna medida de lucha. ¡Nada de extrañar!

En el transcurso de la semana he asistido a varias asambleas de base de las afiliadas(os) de la APSE en algunos colegios de San José y Alajuela, invitado por compañeras(os) que saben que soy un crítico acerbo de la capitulación de la burocracia de la APSE al gobierno. Como punto central de la agenda de las reuniones la dirigencia de la APSE planteó un punto informativo, a cargo de Ileana Vega, la jefa del Departamento Legal, sobre la reción aprobada ley 9999. (Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense). Desconfiando de la dirigencia y de Ileana Vega (que actúa como correa de transmisión en la APSE de Yatxinia Díaz y el Departamento de Personal del MEP), las compañeras(os) que me invitaron querían conocer mi opinión sobre esta ley.

Lo primero que les señalé a las compañeras(os) era la barbaridad de ponerla como punto central de la agenda, cuando el golpe sobre el sistema educativo del recorte presupuestario va a ser demoledor, impulsando la deserción de los estudiantes más pobres y como consecuencia la disminución de plazas para los educadores. La dirigencia de la APSE tenía que aprovechar las asambleas para organizar una movilización masiva en las comunidades, dentro y fuera del horario de trabajo, con padres de familia y estudiantes, para buscar y convencer a los diputados de cada cantón de rechazar el recorte y darle al MEP los recursos necesarios para que no colapse el sistema educativo y no se vea afectado el derecho a la educación de los sectores más pobres de la población. NO SE ORIENTÓ EN ESTE SENTIDO. El informe de Ileana Vega sobre la ley 9999 actuó como un elemento de diversión para evadir la lucha.

Igualmente grave, NO SE DIJO TAMPOCO NADA, sobre el ataque a las pensiones con el proyecto 22 179 (para abrir el fondo de capitalización -RCC- a inversiones sin garantía con las mafias financieras y empresariales del país, y la especulación en Wall Street). Este proyecto viene orquestado por Rocío Aguilar y Nogui Acosta desde la SUPEN, con el concurso de Carlos Arias y la Junta Directiva de JUPEMA. Saray Esquivel juró en un Consejo General que la APSE nunca más iba a permitir que un representante apsino viajara a una capacitación de lujo en el extranjero con fondos de JUPEMA y entiendo que Errol Pereira todavía está en Sevilla, España, “capacitándose” para jugar con nuestra plata en el exterior. Asustar con la ley 9999 sirve para que pasen desapercibidas estas cosas.

Esto que decimos no quiere decir, sin embargo, que no haya que analizar la ley 9999. Nosotros no somos abogados y nos parece que efectivamente tiene problemas que pueden vulnerar los derechos del docente en materia procesal. AUNQUE NO POR LO QUE SEÑALA ILEANA VEGA.

Al igual que los abogados de la ANDE, Ileana Vega centra la crítica en el artículo 10, que establece que en caso de que no haya prueba concluyente, opera el “in dubio pro víctima”. En lenguaje de lego, la ley protege a la parte más débil: el educando que ha denunciado acoso sexual por parte del docente. Ileana Vega tiene una posición absolutamente patriarcal y reaccionaria, la ley debería inclinarse por el trabajador: el in dubio pro trabajador. Se le olvida que en el proceso educativo estamos ante una relación humana, donde el docente, reproduciendo el modelo de autoridad que priva en la sociedad patriarcal, está en una posición de fuerza que lo puede llevar al acoso y el abuso sexual, porque tiene un poder de manipulación y amedrentamiento como el de los curas y los pastores. Quizás por esta orientación reaccionaria contra los derechos del niño y del adolescente Ileana Vega, al frente del Departamento legal de la APSE, ha tenido como orientación no impulsar juicios contencioso-administrativos por problemas laborales, pero Ternurita se dio gustos, cuando asumió el MEP, denunciando a la APSE por defender a muerte, legalmente, a gente que fue condenada por acoso y hasta abuso. ¡Vergonzoso!

Curiosamente, sin embargo, la abogada de la APSE no ve problema en que el MEP pase a dirigir el proceso indagatorio (aspecto que probablemente se regulará por reglamento), ni tampoco en que cuando el MEP falle a favor de un despido, el Tribunal de Servicio Civil tenga que ejecutarlo. A nosotros nos parece, por el contrario, que aquí están los problemas que crea la ley: el MEP SE VA A VER REBASADO y está abierta la vía para que haya persecución a algunos docentes. La crisis que abrirá el recorte presupuestario y el empobrecimiento de la población, va a multiplicar los choques de todo tipo de los estudiantes con los profesores que no logren establecer una relación pedagógica de respeto hacia el estudiante fuera y dentro del aula.

La ley busca sancionar a los directores, los orientadores y los profesores guía que conociendo de situaciones de acoso, no las denuncien ante el MEP. Este es un aspecto progresivo que no se especifica, y que puede ser también peligroso. Los educadores nos hemos sensibilizado frente a estos problemas, pero seguimos siendo presa de muchos prejuicios conservadores.

Dejo expuestas estas inquietudes ante la ley, con el ánimo de que intercambiemos al respecto. La única certeza que tengo, es que no podemos permitir que los burócratas que están al frente de la APSE (del Movimiento Honestidad) sigan en el poder. El 25 de octubre hay que votar por las compañeras y compañeros de la Tendencia CAMBIEMOS, de otra forma no sólo vamos a seguir perdiendo derechos, es nuestro trabajo y la educación pública las que se van a perder.