EDITORIAL: Rompamos la parálisis del movimiento social
Tanto las dirigencias sindicales del sector público como las de Rescate Nacional cayeron en el juego de las mesas de diálogo. Si bien las protestas y bloqueos de octubre del año pasado abrieron la posibilidad de torcer el brazo del gobierno, la gran ausente es una dirección decidida a vencer los planes del gobierno. Por eso señalamos críticamente como esas dirigencias han terminado contribuyendo a una tregua y al abandono de toda acción de calle contra el gobierno y sus medidas antipopulares.
En su supuesta lucha contra los privilegios, en los tres años de desgobierno de Carlos Alvarado, hemos visto varios ataques contra los derechos de la clase trabajadora. Durante el 2018, fue el paquetazo fiscal. En esa ocasión el gobierno perdonó millonarias deudas de las empresas evasoras y pasó la factura al pueblo con el aumento en el costo de vida. Luego, vino la restricción de las huelgas en el sector público, último reducto de la clase trabajadora organizada. Más recientemente, en el marco de la pandemia, el gobierno promovió la suspensión de contratos laborales que, en pocas palabras, fue darle permiso a las patronales para reducir planilla sin tener que pagar las cargas sociales y sobreexplotar a la clase trabajadora del sector privado.
Sobre los contratos de trabajo suspendidos, pensamos que el gobierno -al privilegiar la protección de las ganancias de las empresas, y no la conservación de los puestos de trabajo- terminó afectando aún más la maltrecha economía tica, y en particular, aumentó la desigualdad entre ricos y pobres. Algunas iniciativas como el Plan Proteger, no solo fueron completamente insuficientes para aliviar las penurias de la clase trabajadora, sino que también, fueron un subsidio a los despidos y reducciones de salario en las empresas; pues el gobierno puso la plata, que en circunstancias normales deberían pagar las patronales por cesantía y otros derechos. Hoy muchos comedores escolares y juntas de educación no tienen fondos y el año pasado muchos de esos millones del Plan Proteger salieron de los recortes del sector público, principalmente del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Desde nuestra perspectiva, la política del gobierno durante el 2020, en lugar de contribuir a una eventual reactivación económica, lo que hizo fue desorganizar las cadenas productivas y de consumo, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Todas las personas que leen Bandera Roja sabrán que desde antes de la crisis de la Covid-19, tanto en el Valle Central como en las ciudades de las costas, abundan comercios cerrados y locales vacíos.
¿Reactivación económica o terapia de shock?
Recientemente, el presidente Carlos Alvarado ha dicho ante la prensa que él “está confiado” en que tanto la ley de empleo público como el empréstito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1700 millones de dólares serán aprobados antes de que acabe el mes de abril. Ambos proyectos son clave en una supuesta estrategia de reactivación económica. Pero nos preguntamos ¿La economía de quién se va a reactivar bajando los salarios y aumentando el endeudamiento? Cualquier persona podrá concluir rápidamente que no es la economía de la clase trabajadora, sino la de las grandes cámaras empresariales que siguen defraudando al fisco y sobreexplotando a sus asalariados.
Al cierre de esta edición, la Asamblea Legislativa decidió suspender sus sesiones por motivo de la semana santa, que tomaron como vacaciones. Y aunque algunas figuras legislativas dicen ser oposición con críticas al gobierno, lo cierto es que, a la hora final, dan su voto favorable para seguir cargando la factura de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Así fue, cuando aprobaron el paquetazo de impuestos, y así lo están haciendo con los proyectos de empleo público y más deuda pública.
Para concluir, debemos recordar que durante la década de los años 90, en muchos países de Latinoamérica se vivieron intensas luchas pues los gobiernos de turno aplicaron las propuestas del FMI, que también son conocidas como terapia de shock económico: privatizaciones y deuda. Pareciera que esta receta llega treinta años tarde a Costa Rica, pero todo apunta a los mismos resultados: un crecimiento de la desigualdad y la agudización de los conflictos sociales. Mientras se sigan rotando en la silla presidencial estos partidos de los ricos y los empresarios (ya sea que se disfracen de laicos o evangélicos, o del color que se vistan), la miseria del pueblo está a la orden del día. Para evitar esta perspectiva debemos prepararnos y luchar. En el marco del próximo primero de mayo, día Internacional de la Clase Trabajadora, acompáñenos en nuestro acto. Es urgente construir organizaciones a nivel comunal, gremial y regional para hacer realidad la consigna: ¡Que la crisis la paguen los ricos! ¡FMI fuera de aquí! ¡Por un gobierno de la clase obrera y campesina! ¡Trabajo, vivienda y educación!