EL AGUA SE NOS ESCAPA DE LAS MANOS

Álvaro Espinoza A, Tibás

La barbarie del sistema capitalista con la explotación de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente, amenaza el futuro del recurso hídrico. La ausencia de una política hídrica robusta atenta contra la protección del agua y los servicios de abastecimiento a la población. Las nefastas Regla Fiscal y la Ley Marco del Empleo Público han deteriorado severamente las finanzas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A), paralizado proyectos de infraestructura hídrica, que ponen en crisis la gestión y el suministro del agua potable.

Las cuencas hidrográficas, las fuentes de agua y mantos acuíferos son tierra de nadie, están a disposición del vandalismo y de actividades empresariales a gran escala. Monocultivos, avicultura, megaturismo, explotación minera e industria contaminan reservorios de agua superficiales y subterráneas poniendo en peligro la salud pública, el abastecimiento de agua potable y la conservación del recurso hídrico. Por ejemplo, la apropiación de agua potable en actividades turísticas y los grandes condominios turísticos (incluyendo regadíos en campos de golf ) ha creado una brecha de inequidad hacia las comunidades, como se observa con claridad en el Pacífico Seco. Los gobiernos neoliberales de turno son responsables de una política hídrica regresiva.

La política sobre el calentamiento global son solo un doble discurso, mientras el cambio climático perturba los sistemas hídricos y los pone día a día en peligro.Instituciones con rectoría de aguas como AyA, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Salud no cuentan con capacidad tecnológica para detectar hidrocarburos y otros elementos en el agua.
La falta de inspección y monitoreos periódicos que verifiquen que las actividades productivas cercanas a los cauces de los ríos y fuentes de agua utilizadas para consumo humano cumplan con la normativa de la ley de aguas y conexas como parte de la gestión integral del recurso hídrico.

Algunos antecedentes del deterioro de A y A.

Es preciso recordar que la crisis por agua en el 2014 comprometió todas las actividades productivas y expuso a miles de personas al desabastecimiento, producto del cambio climático. Agreguemos que los racionamientos extremos por falta de agua en la G.A.M, en el 2020 afectaron a un millón de personas.También en el 2020 se presentó contaminación de agua en algunas comunidades de Alajuela y Guanacaste: 12 mil personas padecieron por ingesta de coliformes fecales en el agua.En el 2021, 79 mil personas se vieron afectadas por racionamientos de agua. Asimismo, se detectó contaminación de agua con arsénico en comunidades de Guanacaste. 2000 personas en la zona norte padecieron altas cantidades de mercurio en la sangre por ingesta de agua. En el 2022 se detecta contaminación y se producen racionamientos en el cantón de Alajuelita (G.A.M.).Destáquese que desde hace décadas se denuncia la contaminación generalizada de fuentes de agua producto de la siembra de monocultivos como la piña, banano, palma aceitera, café y caña.

La defensa del agua y la movilización popular.

Recientemente, recurrentes emergencias sanitarias producto de la contaminación del agua han afectado exponencialmente a las comunidades sobre todo a los sectores más vulnerables.
La reciente crisis del agua por contaminación con hidrocarburos (como el sileno) afectó durante 14 días a siete cantones de la Gran Área Metropolitana (G.A.M) como Tibás, Goicoechea y Moravia, así copmo el cantón de Turrialba en la vertiente atlántica, afectando a más de 200 mil personas y desnudando la crisis de nuestra política hídrica.Las mafias neoliberales presionan por apropiarse del agua y promueven la privatización del servicio público del agua como la cámara de la construcción.

Ante esta situación, varias comunidades empiezan a organizarse en defensa y protección del recurso hídrico y el derecho al agua . Desde el PRT saludamos y participamos en ese proceso, y llamamos a dar la pelea simultáneamente por preservar los servicios públicos de AyA, en estrecha solidaridad y coordinación con los sindicatos de la Institución. El derecho al agua potable es un derecho humano básico, que el estado debe suplir a la población, y de ninguna manera debe tener como prioridad favorecer a las grandes corporaciones agropecuarias e industriales que, para colmos, deterioran gravemente nuestros ecosistemas.