La pandemia y la CCSS
¡LA PANDEMIA SALVÓ A LA CAJA PERO QUIZÁS NO POR MUCHO TIEMPO!
Por Manuel Sandoval Coto
Contradictoriamente, un aspecto positivo de la pandemia es que salvó a la Caja. Si la pandemia no se hubiese presentado, la política que anunció el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, de hacer borrón con la deuda del Estado con la Institución, se hubiera aplicado, contribuyendo a acelerar la crisis financiera de la misma y una transición brutal a esquemas privatizadores, de mayor cotización individual del trabajador para tener derecho a la pensión y la atención médica. Los jerarcas de la Institución están identificados con la política de la gran burguesía costarricense, de disminuir las cargas sociales para reactivar una economía que desde antes de la pandemia mostraba síntomas de anemia. En el delirium tremens neoliberal que sufre la burguesía costarricense, así como la solución al déficit fiscal es rebajar los salarios en el sector público, destruir programas sociales y achicar el Estado; la solución mágica para que el país recupere competitividad, atraiga inversiones y se reinserte en el mercado internacional, es destruir el régimen de seguridad social para disminuir aún más la tributación al Estado. Pese a la lenidad de las autoridades de la Caja para meter en cintura a los empresarios morosos con la seguridad social, escaparse del pago de las cargas sociales no les es tan fácil como evadir al fisco.
El año pasado, so pretexto de la pandemia, el gobierno impulsó una reducción temporal del aporte obrero-patronal al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), que junto al aumento de la morosidad de los asegurados independientes, provocó un déficit presupuestario grave para cerrar el año. Como el gobierno ha venido echando mano a las reservas de la Caja para financiar el pago de los intereses de la deuda pública, a fin de darle liquidez a la Institución se comprometió a aportar un 10% de todos los préstamos internacionales que se negociaran para abonar a la deuda del Estado por los regímenes no contributivos y los asegurados del SEM a su cargo. En medio de la pandemia y del juego de pirámide que tiene el ministro de Hacienda, Elián Villegas, con la deuda pública, no se podía dejar que la Institución entrara en crisis. Contradictoriamente, sin embargo, dentro de toda la incoherencia que caracteriza a este gobierno, la deuda del Estado con la Caja va a seguir creciendo y superará los 2 billones de colones porque una vez más se presupuestó menos de lo que tiene que pagar por las obligaciones de este año. Perro que come huevos … ni quemándole el hocico – dice el dicho, y el aprendiz de brujo de Hacienda se las arregló, sin embargo, para recortar el presupuesto nacional y seguir echando mano de las reservas de la Caja para pagar los intereses de la deuda interna. Con todo y lo cual, la Caja sigue siendo el mayor constructor de obra pública en el país, la institución que hace el mayor aporte a la reactivación económica, mientras los grandes empresarios fugan hacia Panamá la plata que evaden en el pago de impuestos. Un círculo vicioso que no puede durar mucho.
Los jerarcas de la Institución han tomado la iniciativa, sin embargo, de tapar agujeros y lanzar por la borda derechos de los trabajadores para mantener la nave a flote, mientras pasan la pandemia y la emergencia fiscal, y se hace la reforma de fondo que quiere la burguesía, para reducir las cargas sociales. La medida de tallar al Ministerio de Educación Pública para que pague en el plazo de un año los 149 000 millones de colones que adeuda, es una clara manifestación de ello. Al igual que la medida de reducir brutalmente la pensión complementaria que la Caja daba a sus trabajadores, de un monto máximo de 325 000 colones mensuales a un tope de 113 000 por mes, al mismo tiempo que se reducen a la mitad los aportes al Fondo del Capital de Retiro y al Fondo de Reserva Institucional de Préstamos.
No sólo eso, sin embargo. En estos días han estado en la palestra, en un proceso de consulta pública de 10 días que terminó el miércoles pasado, una serie de cambios en el Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes que proponen los jerarcas de la Institución. Las cámaras patronales, los colegios profesionales, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, entre otros, denuncian que el proyecto es “discriminatorio” y “confiscatorio”. Aunque que el trabajador asalariado aporta un 10,5% a la seguridad social (con el 1% que corresponde al Banco Popular), el trabajador independiente tiene que cotizar un 18,5% (una vez hecho el rebajo de los gastos inherentes a la actividad que realiza), y debe pagar las cuotas de hasta 10 años atrás si pagaba impuesto sobre la renta al momento de afiliarse (actualmente se pueden cobrar retroactivamente hasta cuotas de 15 o más años). Como veremos más adelante, el cambio más significativo se da, sin embargo, en el concepto de trabajador independiente.
La adscripción a los regímenes de seguridad social de la Caja (SEM e IVM) de todos los trabajadores del país es necesaria “en principio” para sostenerlos, si no se ha universalizado y aún así el sistema ha funcionado, en gran medida se explica porque los salarios de los trabajadores del sector público lo sostuvieron. La universalización cobra ahora mayor importancia (no sólo por la pandemia), sino también como política para sostener la seguridad social. Por eso lo primero que hay que hacer notar frente a los cambios reglamentarios que comentamos, es que UNIVERSALIZAR LOS SEGUROS SOCIALES NO ES EL OBJETIVO DE LOS JERARCAS DE LA CAJA. Mantener el 18,5% de cotización y el cobro retroactivo de cuotas hasta por 10 años es una medida para excluir a la gran masa de trabajadores independientes no asegurados, que la Caja estimaba en 800 000 en el 2019. La mitad de los cuáles en extrema pobreza.
Para asegurarlos, tendría que imponerse un principio de progresividad en la cotización, no sólo conforme a los ingresos del trabajador independiente, sino incluso también con relación a la pequeña empresa que paga una planilla de varios trabajadores. La política de reducir las cargas sociales apunta a favorecer a los grandes empresarios, a los que evaden el pago de impuestos (Rocío Aguilar, arquitecta de la reforma fiscal, propone eliminarles los aportes a FODESSAP, el INA, el IMAS y el Banco Popular), no busca defender a los pequeños empresarios y campesinos, sometidos a un control fiscal cada vez más brutal. Estamos viendo un boom de la exportación de banano y piña, por la eliminación del salario mínimo (con la flexibilidad laboral) y la tolerancia del gobierno y los jerarcas de la Caja frente al no aseguramiento de los trabajadores inmigrantes.
Mi amigo M.G. (que es tan miope como Magoo, aquel personaje de las tiras cómicas) me prohibió extenderme mucho en estas notas para no cansar los ojos, por eso sólo añado para concluir dos ideas más.
Si las autoridades de la Caja restringen conscientemente el aseguramiento de trabajadores independientes (cuentapropistas), lo hacen para sangrar el sectorcito que pueda pagar y en un sentido hasta se están adelantando al proyecto de renta global. En efecto, algunos abogados han salido a denunciar que entre los ingresos del trabajador independiente ya no se contempla sólo lo que generen sus ocupaciones, sino también alquileres, dividendos y otras rentas de capital. Evidentemente, están preocupados porque no se les apriete mucho la faja a los burgueses.
Los burgueses, sin embargo, pagan por la medicina privada. Mantener caro y desproporcionado el aseguramiento a la Caja tiene entonces otro propósito: mantener alta la rentabilidad de los servicios médicos privados. Ni qué decir que al final, en una emergencia, un pequeño finquero, un polaco o un vendedor de lotería tendrán que hipotecar lo que tengan a mano para que los operen en el CIMA u otro centro de medicina privada, porque no estaban asegurados.
Si lo permitimos, pasará esta pandemia y se pondrá a la orden del día el descuartizamiento de la Caja. Urge que las organizaciones obreras y populares independientes del gobierno y la burguesía asuman una discusión estratégica sobre la defensa de la seguridad social y la única salida posible a la crisis fiscal del país: METER EN CINTURA A LOS GRANDES EVASORES DEL FISCO.