Mas organización, más acción, más lucha para enfrentar la crisis y el autoritarismo del gobierno
Editorial de Bandera Roja #131
Estamos en una coyuntura política general de derrota y de reflujo del movimiento sindical y popular. La aprobación del paquetazo fiscal en diciembre de 2018 y la reciente aprobación de la ley antihuelgas nos plantea un escenario en el cual la burguesía nacional asume que tiene control de la situación y que puede seguir avanzando sin demoras en la aplicación de una agenda que pretende terminar el trabajo que iniciara con los Programas de Ajuste Estructural, en los años ochenta del siglo pasado, y que en Costa Rica han sido lentas y dificultosas, debido al arraigo popular que tenían algunas de las instituciones que se crean durante la fase de contención de los procesos revolucionarios de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado en América Latina.
La intención declarada de los empresarios, una vez aprobada la ley antihuelgas –cosa que ya ocurrió– es categórica: hay que avanzar cerrando instituciones públicas “innecesarias”, como “el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional de la Producción y las tres instituciones relacionadas con el sistema de vivienda” y aprobar la Ley de Empleo Público, para aplicar el salario único.
Las burocracias sindicales se han mostrado completamente incompetentes para enfrentar la arremetida de la burguesía, cuando no han estado colaborando abiertamente con la patronal. No vamos a repetir aquí lo que ya hemos dicho en otros análisis sobre la torpeza o sobre las traiciones de las burocracias sindicales, durante la coyuntura de la huelga contra el paquetazo fiscal. Pero sí es importante señalar que con la aprobación de la ley antihuelgas en segundo debate, la cual se aprobó con una lastimosa y desnutrida oposición, pues las direcciones sindicales no previeron la jugada de la aprobación en enero (algunas pudieron haber pactado incluso por debajo de la mesa, en vista de que no asomaron las narices ni en el primero ni en el segundo debate), será muy difícil para estas organizaciones movilizar a sus afiliados y convocar ni tan siquiera a piquetes reivindicativos, pues la gente estará muy temerosa y por supuesto que estará calculando los días de rebajo y las posibles sanciones de las patronales. Es probable que el reflujo continúe hasta que surjan nuevas organizaciones más combativas o dirigencias de distinto tipo en las mismas organizaciones, pero esto llevará un tiempo. Lo que tendremos en los próximos meses será un clima de desencanto, miedo y frustración de las bases del movimiento sindical.
Sin embargo, dado que la situación mundial es muy volátil y porque también, como el peso de la crisis se descarga de manera despiadada sobre las espaladas del pueblo y la clase trabajadora, es posible que se den movilizaciones espontáneas y masivas de grupos o sectores, como lo vimos con la huelga de estudiantes de secundaria el año pasado o como lo vemos ahora con los conflictos de tierra en los territorios indígenas. Por todas partes surgen los embriones de las organizaciones políticas de recambio, que serán más beligerantes y radicales que las anteriores. No podemos descartar tampoco un movimiento social y político de carácter más general por hartazgo de la población, como ocurrió en Ecuador o en Chile el año pasado y está ocurriendo ahora mismo en República Dominicana.
La burguesía, previendo esto, promueve un régimen cada vez más bonapartista, autoritario, lo cual se refleja en el impulso de leyes que pongan una camisa de fuerza al movimiento obrero y popular, como la ya aprobada ley antihuelgas, pero también, se están cocinando en la Asamblea Legislativa nuevas leyes antiobreras, que pretenden hundir aún más a la clase trabajadora y minar su capacidad de respuesta: la nueva Ley de Empleo Público, que como ya mencionamos, busca imponer el salario único y el proyecto de ley 21.733 que busca criminalizar aún más la protesta social.
Es claro que la apuesta de la burguesía y los partidos tradicionales es que el PAC asuma todo el costo político de la aplicación del ajuste. Es posible que lo logren, se puede ver un prólogo de lo que se viene en las elecciones municipales (hacemos análisis en artículo en esta misma edición) y en la escarnio público que realizan a partir del error político de la oficina de espionaje denominada Unidad Presidencial de Análisis de datos (UPAD), un hecho grave, sin duda, que condenamos enérgicamente, pues es parte del giro bonapartista y autoritario del gobierno del PAC; pero que también nos permite vislumbrar como empiezan a operar las distintas fracciones burguesas que empiezan a prepararse desde ya para la campaña electoral; los sectores burgueses de oposición apoyados por los medios de comunicación han orquestado una enorme campaña mediática para desprestigiar aún más la figura de Alvarado y el gobierno del PAC, intentando emular el escándalo del “sementazo”.
Sin embargo, es una situación reaccionara particular, pues la burguesía está llevando al límite a enormes sectores de la población. Mientras existen enormes cantidades de población que no logran resolver sus problemas de vivienda, conflictos algunos que datan de los años ochenta del siglo pasado, proponen cerrar el BANHVI o fusionar en una las instituciones de vivienda. Mientras matan a los indígenas que recuperan las tierras el INDER tiene un superávit de miles de millones y las cámaras empresariales proponen cerrarlo.
Por supuesto que el mega chorizo millonario que pretenden será un enorme botín para la fracción burguesa que logre hegemonizar el período de crisis, pero será un desastre para la clase trabajadora y los sectores populares.
En estos momentos, se requiere de la más amplia unidad de acción de todos los sectores clasistas, anticapitalistas y antipatriarcales para enfrentar los planes de la gran burguesía, necesitamos construir de manera urgente nuevas organizaciones combativas de la clase trabajadora pero sobre todo, necesitamos construir el partido revolucionario.