Moratoria a deuda interna ¿pero a quiénes?
¿HAY TRINQUETE EN LOS DATOS CONTRADICTORIOS QUE DAN HACIENDA, LA NACIÓN Y EL BANCO CENTRAL? ¿CUÁL ES LA MORATORIA (SUSPENSIÓN DE PAGOS) QUE PROPONE LA NACIÓN?
Por Manuel Sandoval Coto
En La Nación del jueves pasado, en el artículo “Hacienda toca puertas a grandes tenedores de deuda para negociar financiamiento”, el periodista Oscar Rodríguez informa que entre el 2021 y el 2022 hay vencimientos por un monto equivalente al 22% de la deuda pública. Este dato no da una idea clara del precipicio al que se está deslizando el país. Se trata de casi 10 000 millones de dólares (6 billones de colones) en obligaciones de pago para el año entrante, y se puede tener una idea del fardo descomunal que representa si se toma en cuenta que en proyecciones optimistas se espera que todo lo que le entre al Estado por el pago de impuestos y las ganancias de las empresas estatales difícilmente va a superar los 5 billones de colones. Por más que se reduzca el gasto público (la solución milagrosa que pregona el credo neoliberal), se ha llegado a un punto en que la deuda crece como una bola de nieve pendiente abajo, porque para poder pagar los vencimientos hay que endeudarse más y más.
Este juego de pirámide se está viendo afectado, sin embargo, por el deterioro de la posición del país en los mercados financieros internacionales. Ante la mafia financiera internacional, Costa Rica está apareciendo como un deudor riesgoso; lo que se expresa en que los eurobonos que está ofreciendo el país han perdido valor en estos días, obligando a pagar intereses más altos para poder colocarlos.
En este marco es que aparece el artículo de La Nación, tergiversando la información sobre la deuda, y poniendo en evidencia con esta “maniobrilla” que el queso está podrido en Dinamarca.
La Nación informa de que tal y como se viene haciendo desde que Rocío Aguilar fue ministra al comienzo de esta Administración, se va a tratar de quitar presión de vencimientos, negociando con los grandes tenedores de títulos de la deuda interna (los bonos en dólares o colones vendidos en el país) para que acepten que los compromisos de pago se pospongan y que se les rebajen las tasas de interés. La Nación nos dice quiénes son estos acreedores del Estado y los porcentajes de la deuda pública interna que tienen en sus manos: las operadoras de pensiones complementarias el 27%; la Caja un 14%; la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional un 12%; el INS un 7%; bancos un 18%; resto del sector público un 15%; y otros (sector privado, cooperativas, mutuales y financieras) un 7%. Si el lector suma los porcentajes, estamos ante el 100% de los tenedores de la deuda pública interna: 18, 1 billones de colones (18 100 000 000 000 de colones) en los datos de Hacienda que maneja a julio del 2020.
Sin embargo, si comparamos los datos que da La Nación con los del Banco Central, es claro que algo no cuadra. En el artículo de La Nación prácticamente desapareció el “sector privado”, mientras que en el cuadro del BCCR que adjuntamos suma 7,4 billones de colones, un 42% del total de la deuda (sin tomar en consideración bancos privados y otras entidades financieras del gran capital que se engloban en otras categorías).
Nosotros hemos venido hablando de la deuda pública interna con datos procesados por el Banco Central, sobre todo del Informe Mensual de Coyuntura Económica Setiembre-2020. Es claro que las categorías que se usan en las clasificaciones entre Hacienda y el Banco Central son imprecisas y contradictorias, y esto no es casual. Es una política deliberada para esconder a los capitalistas que tienen en sus manos bonos de la deuda pública, a grandes evasores del fisco que se convirtieron en acreedores del Estado con la plata que dejaron de pagar en impuestos. Con los datos que da La Nación se puede deducir que tienen en sus manos entre un 15 y un 20% de la deuda pública interna; con los datos, imprecisos también, del Banco Central es un porcentaje más alto como señalamos en el párrafo anterior.
¿Qué es entonces el problema de estos datos contradictorios? ¿Por qué hablamos de un juego perverso de La Nación con esta manipulación de la información?
Muy simple. La Nación está hablando de una moratoria de pagos y rebaja de intereses para los bonos que tienen en sus manos los fondos de pensiones, lo que tiene dos implicaciones. Se podría estar reduciendo el capital social de los trabajadores si se bajan los intereses y por la inestabilidad financiera del país se genera más inflación, otro sacrificio para el pueblo trabajador … mientras al mismo tiempo se le siguen pagando intereses y principal a la gente “invisible” de un sector privado que se viene esfumando en las estadísticas.
Coincidimos con La Nación en la gravedad de la situación. Para evitar un default del Estado costarricense (una situación de insolvencia para cubrir los compromisos presupuestarios, lo que provocaría un derrumbe catastrófico del colón que no podría contener las reservas en dólares que tiene el Banco Central), ES NECESARIA UNA MORATORIA (UNA SUSPENSIÓN DE PAGOS). En lo que no coincidimos en lo más mínimo es sobre a quién hay que sacrificar. LA MORATORIA DEBE SER SOBRE LOS GRANDES CAPITALISTAS CON BONOS DE LA DEUDA. Hay que AUDITORARLOS (investigarlos) y si son grandes evasores fiscales, CONDONAR LA DEUDA CON ELLOS (eliminar esta deuda mal habida).
¡NINGUNA MORATORIA DE LA DEUDA CON LOS FONDOS DE PENSIONES DEL PUEBLO!
¡MORATORIA DE LA DEUDA CON LOS GRANDES CAPITALISTAS QUE DEFRAUDAN AL FISCO!
