Que Patricia Vega cumpla la palabra empeñada de jalar del PANI cuando saliera Piza del gobierno
Por el bien de la niñez costarricense
Los últimos gobiernos se han hecho especialistas en operaciones estadísticas para demostrar que la pobreza disminuye gracias a sus políticas. La realidad, sin embargo, es muy otra, y se expresa brutalmente en el incremento de las agresiones contra mujeres y niños en medio del proceso de descomposición familiar que genera la pobreza.
Contradictoriamente, esta situación debería llevar a que el PANI cobre más importancia en la protección de la niñez, pero no es así. El PANI ha venido siendo abandonado, y con este gobierno se ha llegado al extremo de nombrar alguien ajeno a la Institución: la señora Vega, del PUSC, que con una insensibilidad y un autoritarismo inusitados, llegó a aplicar un recorte presupuestario brutal, incrementando la sobrecarga laboral del personal como no se da en ninguna otra institución del Estado.
El PANI tiene unos 1200 funcionarios, de los cuales 300 trabajan en oficinas cantonales; sin embargo, de éstos sólo 215 atienden situaciones de emergencia, de posible agresión de los menores en el núcleo familiar. Cuando se tiene en cuenta que este pequeño número de profesionales atiende más de 45 000 denuncias por violencia contra los menores – 400, 500 o más casos por cada equipo de profesionales, es claro que la institución está siendo rebasada y que era sólo cosa de tiempo lo que ha sucedido este año, cuando han comenzado a morir menores en circunstancias de posible agresión en el núcleo familiar, sin protección del PANI pese a existir denuncias.
La señora Vega ha contribuido decisivamente a esta situación. Como señalábamos más arriba, llegó a reducir el presupuesto del PANI del 2018 (que con la asignación del 4% del impuesto sobre la renta estaba alcanzando el año pasado la suma modestísima de 113 000 millones de colones). Planteó una reducción de golpe y sopapo de 30 000 millones, impuso una subejecución y al final no hubo ni una ejecución real ni de 60 000 millones. Este “milagro” de eficiencia presupuestaria lo logró congelando 217 plazas (no se sustituyeron funcionarios), eliminando el pago de horas extras (como si las situaciones de emergencia sólo se presentaran dentro de la jornada laboral ordinaria), frenando la apertura de 33 oficinas cantonales nuevas, reduciendo el pago por disponibilidad, congelando las anualidades y negando el pago por peligrosidad a profesionales que se juegan el pellejo en zonas de criminalidad violenta. La señora presionaba para hacer trabajar a los profesionales jóvenes del PANI (ha habido un recambio generacional) “full time” sin ningún reconocimiento por la sobrecarga laboral. Aparte de que también hubo un recorte violento en programas como las casas cuna y los programas educativos.
Los 3 niños que han muerto en lo que va del año, en Pavas, Alajuela y Desamparados sucesivamente, en circunstancias de posible agresión familiar, hicieron perder la cabeza a la señora Vega, porque era la evidencia de la crisis en que ha sumido al PANI. Para lavarse las manos emprendió una campaña para acusar de negligencia a los funcionarios, a los que comenzó a criminalizar. En el último caso suspendió a una funcionaria e inició una acción de despido sin ninguna investigación previa, lo que ha sido una pifia tremenda, que pone en evidencia sus métodos arbitrarios, porque finalmente un equipo investigador del Hospital de Niños dictaminó que el niño no murió por una agresión directa.
La campaña de difamación contra las trabajadoras(es) del PANI fue la gota que rebasó el vaso, porque en el clima de agitación que ha habido en el país en junio y julio, trabajadoras(es) que tradicionalmente han sido poco combativos, decidieron lanzar una huelga escalonada, a partir de las oficinas de Alajuela, que dejó grogui a Patricia Vega y el gobierno desde el primer round. Por el desprestigio que implica que se dé a conocer la situación de abandono de la niñez en riesgo en que ha incurrido el gobierno, las trabajadoras(es) vienen obteniendo importantes concesiones en cuanto a la apertura de nuevas plazas, el pago de horas extras, peligrosidad y otras demandas. Además, con el Ministerio de Trabajo se logró que 460 trabajadoras(es) interinos pasen a propiedad.
La huelga escalonada oficina por oficina debe mantenerse para extender estas concesiones a todo el país y asegurar que la señora Patricia Vega ¡JALE!
Sabemos que el desafío a su autoridad fue demasiado para ella y quiere renunciar, agarrada del pretexto de acompañar a Piza ahora que se retira del gobierno. Le dirigió una carta a Carlitos Alvarado en este sentido, que por la coyuntura de descontento y movilización popular que ha habido en el país quiere retenerla un poco.
Un personaje tan nefasto como esta señora debe ser sacado del PANI. No podemos aceptar que trabajadoras(es) abnegados como los del PANI sean tratados como criminales por el fracaso de las políticas neoliberales de este gobierno. Exijamos que se fortalezca la protección del Estado a la niñez en riesgo.