Rechazar la tramposa extradición a EE.UU.

Carta abierta al Frente Amplio

Nota del Comité Editorial: El camarada David Morera Herrera, integrante de nuestro Comité Ejecutivo y del Comité Editorial de Bandera Roja, nos remitió la carta que presentamos a continuación. En virtud de que concuerda plenamente con la posición de todo el equipo de dirección del partido y desarrolla las consideraciones y planteamientos que creemos son fundamentales, pero también porque el tema que plantea requiere, de manera urgente, un debate abierto y franco en el seno del movimiento popular y de la izquierda, procedemos a publicarlo sin demora.

Por David Morera

Una trama muy oscura se viene cocinando, extrañamente con el consenso de todas las fracciones legislativas.

El Semanario Universidad informa el 22 de mayo: “El Plenario legislativo acordó en forma unánime admitir para estudio la reforma constitucional impulsada por la diputada oficialista Pilar Cisneros para establecer la extradición de nacionales. El proyecto 23.701, reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales, recibió 43 votos, luego de que finalizara el debate para su admisión, tras la tercera lectura de la propuesta. La reforma pretende establecer una excepción a la prohibición constitucional de extraditar a los costarricenses, para lo que impulsa el texto: ningún costarricense será compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada una extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica”. [1]

El siguiente paso que bendijo el proyecto fue el aval del abogado del Estado: que la Procuraduría General emitido el 3 de julio, según informa el Semanario[2]. El carácter de unidad o consenso nacional que reviste el proyecto impulsado, ni más ni menos que por Pilar Cisneros, segunda líder más connotada del chavismo y su “estrella” en el parlamento, es un fenómeno que requiere analizarse con detenimiento.

Lo que la criminología crítica llama populismo punitivo es la tendencia en boga de más cárcel, policía, equipos militares, hipervigilancia, prisiones, más personas privadas de libertad. La solución ante el crimen que pregona el populismo punitivo es desde el control social, desde la defensa del Estado de clase y su orden. Se considera el crimen como una disfunción, degeneración, desviación y a quien delinque como un enemigo de la sociedad que debe exterminarse, como ocurre bajo la dictadura de Bukele, en El Salvador. El crédito electoral del populismo punitivo se apoya en el clamor popular por la acongojante situación de inseguridad ciudadana, violencia extrema en los barrios populares y asentamientos informales.

Desde el punto de vista psicosocial de masas, se nutre de sus incertidumbres, miedos, odios, venganzas personales;  juega con  emociones de poblaciones inseguras y carenciadas, cada vez más empobrecidas. De manera que se aprovecha de la consternación de la opinión pública por el grave problema de inseguridad, al punto que esa concepción y modelo está arrastrando, incluso a la fracción que en el terreno legislativo ha confrontado más al gobierno:  la del Frente Amplio. Merece reflexionarse ¿por qué? ¿qué significa y qué consecuencias tiene?

¿En qué consiste la reforma a la Carta Magna?

La reforma abre el portillo, de par en par, para desnaturalizar en su esencia la norma constitucional, bajo el genérico concepto de los delitos indicados, y de acuerdo al criterio, casi siempre politizado, del aparato judicial, que, como el conjunto del Estado, además es cada vez más dependiente de la “cooperación” norteamericana en la materia.

Este proyecto fue dictaminado afirmativamente por unanimidad en la Comisión especial y pasará a Plenario, donde con la prioridad que las fuerzas políticas representadas en ese aparato del Estado le confieren al tema de la seguridad, más que probable que recoja la mayoría calificada para su aprobación.

Con sorpresa nos enteramos que la aprobación en Comisión contó además con el voto favorable de la diputada Priscilla Vindas del Frente Amplio. A solicitud de varias personas del Frente Nacional de Lucha (FNL), la diputada Sofía Guillen tuvo la sana actitud de remitir el texto en debate parlamentario a esa instancia.  Lo hemos leído con mucha atención y preocupación.  Y con conocimiento de causa, nos parece inconcebible que la fracción del FA o cualquiera de sus parlamentarias y parlamentarios avalen este proyecto, que consideramos nefasto, antinacional y entreguista. Por las siguientes razones:

Entendemos según lo informado por la diputada Guillén que desde su despacho están tratando de enmendar el nefasto proyecto. Enterado, procedí a dirigir una nota en el grupo de Whtsapp del Frente Nacional de Lucha a Sofía que, entre otras cosas, plantea:  “(…)Puede ser, o no puede ser, que se logre quitar alguno u otro pasaje de este proyecto de ley colonialista vergonzoso”. Pero, agregamos sería maquillaje; desde los intereses populares es irreformable de entrada, máxime con la correlación de fuerzas que de sobra favorece a la derecha en el parlamento, la misma que impulsa la mano dura, la militarización y el sometimiento perpetúo a EE. UU. en su “guerra contra las drogas”.

Flaco favor para resolver esta severa problemática, que ha demostrado su fracaso una y otra vez, en todos los sitios donde se ha aplicado esa receta, con marca registrada de la Agencia de Drogas Norteamericana, conocida como la DEA, el mayor cartel drogas del mundo como se reveló con claridad en la trama del Iran-Contras[3]

Para encarar el azote de los carteles del crimen organizado se requiere atender y resolver de raíz los problemas que originan ese flagelo. Y no es simplemente con más armas, represión y mayores penas de prisión que se resuelve. Al contrario. Es con más salud, educación, servicios públicos sociales, empleo seguro, más justicia y equidad social, lo que se opone por completo a los intereses y los planes de los grandes ricos que nos desgobiernan, que además son súbditos del imperio del norte.

Por todas estas razones, hacemos una excitativa, franca y vehemente al FA para que revise y rectifique la postura de la fracción parlamentaria y contribuya a generar un amplio debate y rendición de cuentas al respecto, de cara a todo el movimiento popular.

Esperamos atentamente la respuesta.

David Morera Herrera

Por Comité Ejecutivo del PRT Costa Rica

San José, 21 de julio 2024

[1] https://semanariouniversidad.com/pais/reforma-constitucional-para-extraditar-nacionales-logro-admision-y-proxima-semana-se-conformara-comision-para-su-estudio/

[2] https://semanariouniversidad.com/pais/pgr-avala-iniciativa-de-extradicion-de-nacionales-pero-propuesta-erro-en-el-articulo-constitucional-que-debe-reformar/

 [3] El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irangate, es un escándalo ocurrido en 1985 y 1986, en el cual altos cargos del gobierno de los EEUU, bajo la administración de Reagan, facilitaron secretamente la venta de armas a Irán, país contra el cual pesaba un embargo decretado por los propios Estados Unidos, así como la utilización del narcotráfico para financiar a los grupos armados creados y organizados por ellos, conocidos como Contras, para derrocar mediante acciones armadas al gobierno nicaragüense surgido de la Revolución Nicaraguense,  tras el triunfo el 19 de julio de 1979 de la insurrección popular contra su otrora títere y tirano Somoza . Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de los Contras, estaban prohibidas por el Senado estadounidense