Violento desalojo en Pavas le quita la careta al gobierno de los ricos

Un verdadero despliegue militar el que se envió a Pavas para desalojar a 150 familias

Aunque la policía diga lo contrario, el desalojo es violento porque deja a la gente en la calle

Necesitamos construir una fuerte organización de asentamientos en precario para frenar los desalojos y los recortes al presupuesto de vivienda

Por Adrián Jaén

Hoy por la mañana 150 familias se quedaron sin vivienda. La policía municipal con apoyo de un importante contingentes de la fuerza pública (antimotines) llegaron a desalojar los asentamientos conocidos como La Bendición 1 y la Bendición 2 en Pavas, cerca del aeropuerto Tobías Bolaños. A pesar de que en la comunidad habitan niñas y niños, adultos mayores y personas con necesidades especiales, las familias fueron tiradas a la calle como perros, como se pudo ver con claridad en las imágenes y los videos que difundieron grandes medios nacionales de comunicación masiva.

También estuvieron circulando videos por redes sociales, elaborados por los mismos organismos policiales, justificando el desalojo y planteando que el desalojo fue “pacífico”. No hay desalojo pacífico. El hecho de que no haya habido golpes, heridos y arrestados no garantizan la paz. No puede existir paz si un grupo de niñas y niños deberán hoy dormir a la intemperie, en medio de la pandemia y de los aguaceros de octubre. Los desalojos son violentos por definición, aunque no haya habido sangre, porque violenta los derechos de las personas más pobres y más humildes, que no tienen un lugar a dónde ir. El gobierno pretende enviar una imagen de orden y respeto en donde lo que hay en el fondo es “aporofobia”, es decir un profundo odio hacia la gente pobre.

Justifican el desalojo diciendo que fue con una orden de un juez. El echo de que tengan una orden de un juez hace que el desalojo que se realizó esta mañana sea efectivamente legal; pero esto no lo hace menos injusto. En algún momento la esclavitud fue legal y era igual de odiosa que ahora. La explotación de la clase trabajadora es legal, pero también es injusta.

Ahora está sobre la picota el asentamiento de Lomas del Río, en Rincón Grande, con una cantidad de familias similar. También es claro que los asentamientos en precario en Alajuelita Nuevo Amanecer y nueva esperanza están en la mira y que los podrían llegar a desalojar en cualquier momento, si los compañeros y compañeras de estas comunidades no se pellizcan. También en Monte Alto la Municipalidad de Alajuelita ha estado llegando a dejar notificaciones para llegar a demoler las humildes viviendas de los pobladores de este asentamiento. En Jardines de San Ramón, ya hace más de una semana las familias no tienen agua potable, porque el A y A les suspendió el suministro de agua que estaba realizando con camión cisterna, las familias se están abasteciendo de agua llovida; reproducimos al final de esta nota el comunicado del bloque de vivienda al respecto.

En medio de los escándalos de los Pandora Papers, que pone en evidencia a los grandes millonarios de este país que esconden sus fortunas en paraísos fiscales para no pagar los impuestos que les corresponden; en medio de brutales recortes al presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) que, del 2019 hasta el momento le ha dado un zarpazo de más 64 mil millones (lo que implica que se han dejado de construir en estos mismos años más de 6 mil viviendas); en medio de una profunda crisis económica mundial que no se supera y que se ha agravado con los efectos económicos de la pandemia; frente a esto lo que propone el gobierno de los ricos, tanto en su versión nacional, como local (municipal) como con su careta judicial de tribunales de justicia (todos al servicio de los grandes millonarios) es destrucción de viviendas y garrote para las poblaciones que se resistan.

La crisis económica ha provocado que sean cada vez más las familias que no pueden llegar a fin de mes y que no les alcanza para comprar la comida y pagar el alquiler. Los asentamientos en precario no están disminuyendo sino que están aumentando con la crisis. En el 2012 se contabilizaban unos 450 asentamientos en precario, para este año se calculan más de 700 y sabemos que sigue aumentando la cantidad de gente que busca el precario como una salida a su difícil situación económica. El gobierno debería estar proponiendo un plan de inversión pública en infraestructura para paliar la crisis, entre ella, infraestructura en vivienda, en lugar de estar aplicando recortes a diestra y siniestra, lo cual más bien viene a complicar más la situación económica del país. Los recortes en vivienda de la gente pobre, los recortes en salud y en educación no solo son injustos e inhumanos, sino que también van en contra de cualquier sano juicio, si lo que se pretende es la recuperación económica. ¡Que la crisis la paguen los ricos! Sino se continuará descargando sobre la espalda de la clase trabajadora y los sectores populares.

Frente a este panorama tan ruin y tan mezquino, frente a esta violenta arremetida del gobierno de los ricos en contra de los sectores más pobres y más carenciados, necesitamos que los asentamientos en precario estén organizados y unidos, necesitamos movernos y defendernos juntos, golpear como un solo puño. Necesitamos construir una organización de asentamientos en precario para exigir que se detengan todos los desalojos, pero también para salir a luchar por el presupuesto para vivienda.

Debemos organizarnos para salir a la calle a exigir:

1. Que se detengan todos los desalojos en curso, todas las iniciativas de derribo de viviendas que en este momento pone en peligro la subsistencia misma de los grupos familiares de los asentamientos.

2. Que se declare emergencia nacional por el problema de las familias que no pueden acceder a una vivienda digna, priorizando a las familias que actualmente viven en precario.

3. Que se cobre un impuesto temporal de un 0,5% a todas las transacciones de la bolsa de valores para financiar el plan de emergencia para solucionar el problema la vivienda de la gente pobre.

4. Que se elimine el secreto bancario para que las grandes empresas no puedan seguir engañando al fisco impunemente, si se recaudara todo el dinero que hoy no se cobra, para FODESAF, por ejemplo, habría más dinero para financiar los proyectos del BANHVI.

Nota del Comité Editorial: Reproducimos a continuación el Comunicado del Bloque de Vivienda, en donde se denuncia el corte en el suministro de agua en el precario Los Jardines, en San Ramón de Alajuela.

LAS FAMILIAS DE LOS JARDINES (San Ramon).SON VÍCTIMAS DE UN INAUDITO ATAQUE A SUS DERECHOS HUMANOS.

A y A les elimina el suministro de agua potable

Es muy importante reflexionar sobre la situación de las familias del asentamiento (precario) Los Jardines.

Ellos le han ganado en los tribunales a los supuestos dueños un proceso judicial mediante el cual los que se dicen dueños del terreno pretendían desalojarlos. Los tribunales han sentenciado que el terreno de Los Jardines no es propiedad de esos supuestos dueños.

Es decir, el lugar donde habitan las familias en sentido estricto no es un precario.

De mala fe altos funcionarios municipales y del Ministerio de Salud de San Ramón, con argumentos falsos y muy mal intencionados, han tratado por todos los medios de sacarlos de ahí.

Ahora, en una acción inaudita, injustificada y contra todos los derechos de un ser humano, el A y A decide suspenderles en media pandenia el suministro de agua potable, esencial para la vida humana. Esta es una nueva medida para tratar de sacarlos. De ninguna forma hay que permitirlo.

El A y A no ha dado ninguna explicación al suspender ese servicio, a pesar de que existe un convenio de suministro por medio de cisternas desde noviembre del año pasado entre A y A y el Ministerio de Vivienda.

En este momento las familias pueden contar con agua solamente si llueve en el lugar. Esa situación afecta particularmente en forma dura, insalubre y cruel a los niños y personas de la tercera edad.

Es importante señalar que el A y A se ha negado reiteradamente en estos días a dialogar con las familias y con su Comité.

La lucha de estas familias es nuestra lucha.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y sus dirigentes de todo el país a brindar su solidaridad para obligar al AyA a reinstalar el servicio de agua potable.

BLOQUE DE VIVIENDA

9 octubre 2021