Stella Chinchilla. ¿Cómo me convertí en un blanco por denunciar al gobierno de Rodrigo Chaves?

Redacción Bandera Roja: Invitamos a nuestro local Casa del Pueblo el sábado 29 de agosto a la 1:00 p.m. donde tendremos la presencia personal y virtual de la querida luchadora y comunicadora popular Stella Chinchilla, hostigada y perseguida por el gobierno de Laura Fernández /Rodrigo Chaves, de ultraderecha y cada vez más autoritario. Reproducimos a continuación documento de la compañera, en donde explica como ha vivido este proceso de persecución política y lo que ha implicado para su situación personal y su trabajo como comunicadora social independiente.

Mi nombre es Stella Chinchilla Mora. Soy comunicadora popular, defensora de derechos humanos y activista costarricense. Durante años he denunciado la desigualdad, el abuso de poder, los discursos de odio y las políticas que trasladan el costo de la crisis a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables.

Mi persecución no comenzó con un hecho delictivo, sino con mi posición política. Me convertí en un blanco por denunciar públicamente al gobierno de Rodrigo Chaves, por investigar sus actuaciones y por comunicar información que incomoda al poder. Mi trabajo ha sido siempre político, social y comunicativo.

Pese a ello, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, la policía política de Costa Rica, me vinculó con una supuesta amenaza contra la vida del presidente. El caso fue presentado inicialmente bajo la calificación de homicidio calificado en grado de tentativa. Se me atribuyó, en términos prácticos, la participación en un supuesto plan para asesinar al presidente, aunque hasta hoy no se me ha mostrado una sola prueba que demuestre que haya planificado, financiado o encargado un acto de esa naturaleza.

La acusación convirtió mi pensamiento político y mi trabajo de comunicación en indicios de peligrosidad. Mi condición de opositora fue utilizada para construir la imagen de una mujer violenta y justificar ante la opinión pública el tratamiento propio de una enemiga del Estado.

Desde entonces he sufrido seguimientos de vehículos y motocicletas, vigilancia en las cercanías de mi vivienda, amenazas de muerte y hostigamiento constante. En espacios públicos me han llamado “asesina”, mientras en redes sociales se ha desatado una campaña de odio alimentada por los señalamientos provenientes del poder. Incluso el presidente Rodrigo Chaves se burló públicamente de mi discapacidad, exponiéndome todavía más ante sus seguidores.

He tenido que modificar mis rutinas, dejar de asistir a determinadas actividades y salir temporalmente del país por razones de seguridad. Se me ofreció permanecer durante tres meses en un refugio; he debido recibir atención del programa de protección a víctimas e instalar cámaras alrededor de mi casa. La persecución ha afectado mi salud, mi tranquilidad, mi trabajo y la vida de mi familia.

Mi caso muestra una forma concreta de criminalización política: tomar a una mujer, comunicadora y crítica del gobierno; asociarla con un supuesto crimen de extrema gravedad; dejar que esa acusación circule sin pruebas y permitir que el miedo, el odio y las amenazas hagan el resto.

Solicito solidaridad frente a una práctica que conoce bien la izquierda latinoamericana: convertir la oposición política en sospecha criminal y utilizar los aparatos estatales para perseguir, silenciar y aislar a quienes denuncian al poder. Exijo que se esclarezca quién construyó esta acusación, con qué pruebas y bajo las órdenes de quién; que cesen los seguimientos y las amenazas, y que existan garantías reales para mi integridad y la de mi familia.