Seis días antes del golpe, los Cordones Industriales plantearon la cuestión del poder: ¿Dónde está el nuevo Estado?

Nota del Comité Editorial: Reproducimos este artículo de “El porteño”, revista de izquierda en Valparaíso, para la reflexión y la lucha por la revolución socialista; el cual consideramos un análisis muy acertado y pertinente, a propósito de la conmemoración del “otro” 11 de setiembre, como planteamos en el artículo que publicamos ayer en Bandera Roja.

Seis días antes del golpe de Estado —la carta está fechada el 5 de septiembre de 1973—, los Cordones Industriales formularon algo considerablemente más profundo que una advertencia desesperada a Salvador Allende. Leída junto a los últimos textos de Luis Corvalán y al discurso pronunciado por Carlos Altamirano el 9 de septiembre, la carta permite reconstruir la contradicción fundamental que atravesó a la Unidad Popular: mientras la movilización obrera había comenzado a producir organismos que planteaban embrionariamente el problema del poder, las principales direcciones de la coalición continuaban concibiendo la crisis dentro del horizonte del Estado existente. La diferencia entre su ala derecha y su ala izquierda fue enorme en el lenguaje, en la actitud frente a la Democracia Cristiana y en la disposición al enfrentamiento; pero resultó mucho menor —y finalmente insuficiente— respecto de la cuestión decisiva: qué poder debía sustituir al poder burgués que preparaba abiertamente la contrarrevolución.

1. La carta: cuando la clase obrera dejó de preguntar por el gobierno y comenzó a preguntar por el poder

La célebre carta de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en Conflicto, fechada el 5 de septiembre de 1973, debe ser arrancada de la lectura sentimental con que frecuentemente se la recuerda. No es simplemente una carta dramática enviada a un presidente cercado ni una profecía particularmente lúcida de la catástrofe que ocurriría seis días después. Es un documento político extraordinario porque registra, desde el interior mismo de la experiencia obrera, la ruptura entre la dinámica alcanzada por la lucha de clases y el programa efectivo de la dirección de la Unidad Popular. Su frase fundamental no es siquiera la advertencia de que Chile marchaba hacia «un régimen fascista del corte más implacable y criminal», sino otra, aparentemente más modesta: «Nosotros en 1970, no votamos por un hombre, votamos por un programa». Con ella, los Cordones despersonalizaban ya entonces el problema que la memoria posterior volvió a personalizar: no se trataba primordialmente de Allende, de sus virtudes, errores, valentía o tragedia, sino de la suerte de un programa político y, más profundamente todavía, de una estrategia para la revolución chilena.

Por eso la carta vuelve contra la propia dirección de la UP las formulaciones de su programa. Recuerda que éste había prometido que «las transformaciones revolucionarias» exigían que el pueblo tomara efectivamente el poder; que las fuerzas populares no se habían unido para sustituir simplemente un presidente por otro; que debía construirse «desde las bases la nueva estructura de poder». Y entonces formula la pregunta que destruye toda ambigüedad: «¿dónde está el nuevo Estado?». ¿Dónde estaban la nueva Constitución, la Cámara Única, la Asamblea del Pueblo y las nuevas instituciones prometidas? La pregunta poseía una dimensión histórica que probablemente excedía incluso la conciencia de quienes la escribieron. Porque para septiembre de 1973 el problema ya no consistía simplemente en constatar el incumplimiento de determinadas reformas institucionales. Octubre de 1972 había producido algo infinitamente más importante: los trabajadores habían descubierto prácticamente que podían mantener funcionando la producción, organizar el abastecimiento y el transporte y coordinar territorialmente sus fuerzas mientras la burguesía paralizaba sus propios medios de producción. Los Cordones Industriales habían aparecido precisamente allí, no como realización administrativa del programa de 1970, sino como producto independiente de la lucha de clases.

Este punto es decisivo. El programa original de la UP imaginaba una transformación progresiva del Estado; la lucha de clases comenzó, en cambio, a producir organismos que planteaban objetivamente una dualidad de poder. Todavía incompleta, contradictoria, territorialmente desigual y sin una dirección revolucionaria capaz de convertirla en estrategia nacional, ciertamente. Pero los Cordones expresaban algo cualitativamente distinto de la mera «participación popular» en el gobierno. No pedían simplemente ser escuchados por ministros progresistas: reclamaban intervenir en las decisiones que determinaban su propio destino. De ahí la amarga constatación de la carta: los trabajadores habían recibido repetidamente «orden de replegarse en vez de la voz de mando de avanzar». Octubre de 1972 ocupa por ello un lugar central en su balance. Frente al paro patronal, dicen, la clase obrera mantuvo el país funcionando y demostró su «tremenda potencialidad revolucionaria»; sin embargo, la salida fue el gabinete cívico-militar, incorporando precisamente a las Fuerzas Armadas al gobierno en el momento en que la experiencia de las masas planteaba la posibilidad de avanzar sobre el poder económico y político de la burguesía.

Aquí aparece una primera contradicción histórica de extraordinaria importancia. Mientras los Cordones evolucionaban desde la defensa del gobierno hacia la cuestión del poder obrero, la política oficial buscaba reintegrar la crisis dentro de las instituciones. Y no era una particularidad personal de Allende. Luis Corvalán había formulado con absoluta claridad esta concepción mucho antes: los organismos populares debían actuar «sin suplantar en absoluto» ni a las organizaciones existentes ni a las autoridades estatales. En julio de 1973 esa concepción adquirió una formulación todavía más precisa respecto de los propios Cordones: tanto socialistas como comunistas coincidían —afirmaba Corvalán— en que éstos debían ser «bastiones del proletariado bajo la dirección de la CUT» y, sobre todo, que eran órganos de poder que «no son ni pueden ser paralelos, ni menos opuestos, al Gobierno Popular». Esa frase encierra buena parte de la tragedia chilena. Porque precisamente aquello que había que resolver era si los organismos creados por los trabajadores constituían auxiliares del aparato estatal existente o los embriones de otro poder. Convertirlos en apéndices sindicales subordinados a la CUT y ésta, a su vez, en sostén de la política gubernamental significaba clausurar de antemano la posibilidad revolucionaria contenida en ellos.

1. Del pacifismo de Corvalán al radicalismo de Altamirano: dos respuestas dentro de un mismo horizonte

Los dos últimos textos recogidos en Chile: 1970-1973, de Luis Corvalán, resultan particularmente reveladores porque fueron escritos cuando la contrarrevolución había abandonado prácticamente todo disimulo. Después del Tanquetazo, Corvalán reconocía que «el peligro no está totalmente conjurado», pero extraía de ello una conclusión exactamente inversa a la que comenzaban a formular los Cordones: «Evitar la guerra civil, es y seguirá siendo, la tarea política principal», procurando mantener la lucha de clases «en el plano en que hasta hoy se ha desenvuelto». Más aún: reiteraba que seguía existiendo «la posibilidad real» de marchar al socialismo «sin guerra civil» y que, mientras esa posibilidad no estuviera completamente cerrada, correspondía «mantenerla abierta y ensancharla». El problema de esta formulación no radica, naturalmente, en el deseo de evitar una guerra civil. Ningún revolucionario sensato convierte el derramamiento de sangre en un principio programático. El problema reside en transformar la evitación de la guerra civil en el eje ordenador de la estrategia precisamente cuando la contrarrevolución había comenzado ya a desarrollar unilateralmente esa guerra.

Corvalán reconocía perfectamente la lucha de clases y admitía incluso que «la paz social es imposible». Pero de esa constatación derivaba la búsqueda de una mayoría democrática capaz de aislar a los sediciosos: fuera de los sectores irreductiblemente reaccionarios, sostenía, existía un vasto espacio para el diálogo y «eventualmente, uno que otro entendimiento». En su último gran informe, del 27 de julio, la operación política aparece con toda claridad: había que «unir a la mayoría de los chilenos» que reconocían la legitimidad del gobierno y rechazaban la guerra civil. El diálogo con la Democracia Cristiana era presentado no como una maniobra táctica destinada a ganar tiempo mientras se preparaba independientemente al proletariado, sino como una necesidad derivada de la propia estrategia. Corvalán defendía expresamente el llamado presidencial al PDC y sostenía que el punto de partida debía ser «evitar la guerra civil» y permitir que continuaran los cambios revolucionarios.

La comparación utilizada para justificar esta política es todavía más instructiva. Corvalán invocaba Brest-Litovsk —cómo no—las negociaciones vietnamitas en París, los acuerdos interalemanes y la diplomacia soviético-norteamericana para concluir que «ningún revolucionario puede oponerse al diálogo o al acuerdo», incluyendo el entendimiento con la Democracia Cristiana. Pero la analogía ocultaba justamente aquello que debía demostrar. Los bolcheviques negociaron Brest-Litovsk después de conquistar el poder; Vietnam negociaba mientras disponía de un ejército y de un Estado revolucionarios; el problema chileno era exactamente el contrario: se pretendía negociar para conservar una vía institucional cuando el proletariado no había conquistado el poder y el aparato armado del Estado permanecía fundamentalmente intacto. La flexibilidad táctica de quien posee un poder independiente era convertida así en argumento para justificar la conciliación de quien todavía estaba subordinado al poder del adversario.

La distancia con el discurso de Carlos Altamirano del 9 de septiembre parece, a primera vista, absoluta. Altamirano denuncia que «la oposición no quiere una salida pacífica y democrática», rechaza el diálogo con quienes organizaban el terrorismo y sostiene que las concesiones realizadas a la Democracia Cristiana habían fracasado. Su lenguaje alcanza un punto que parece romper completamente con Corvalán: «el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe»; «el golpe no se combate con diálogos»; debe ser aplastado «con los comandos comunales, con los cordones industriales, con los consejos campesinos», creando «un verdadero poder popular». No estamos ante una diferencia retórica menor. Existía una verdadera oposición dentro de la UP acerca del diálogo con la DC, de la movilización de masas y de la actitud que debía adoptarse ante la ofensiva reaccionaria.

Y, sin embargo, el análisis debe avanzar un paso más. Porque tampoco el discurso de Altamirano formulaba una estrategia para que esos Cordones y comandos se transformaran en órganos de un poder estatal alternativo. El «poder popular» continuaba concebido esencialmente como fuerza social para defender al gobierno constitucional, combinado con los «soldados, marineros, aviadores, carabineros» considerados «hermanos de clase» y, finalmente, con «tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido».  Aquí reaparece, bajo un lenguaje infinitamente más combativo, la misma frontera estratégica. El problema militar seguía siendo planteado fundamentalmente como separación entre militares constitucionalistas y golpistas dentro de unas Fuerzas Armadas concebidas todavía como susceptibles de fracturarse desde la defensa de la legalidad, en lugar de partir del carácter de clase del aparato armado y organizar políticamente su descomposición desde abajo.

Esta contradicción explica la singular impotencia del ala izquierda de la Unidad Popular. Podía denunciar correctamente la capitulación del ala derecha; podía proclamar «crear, crear, poder popular»; podía advertir que el golpe debía ser enfrentado mediante la fuerza de los trabajadores. Pero entre esa proclamación y una política destinada efectivamente a disputar el poder mediaba un abismo. Faltaba definir qué autoridad debía prevalecer cuando las decisiones de los Cordones chocaran con las del gobierno; quién debía armar a los trabajadores; cómo debía organizarse la confraternización política con soldados y marineros contra la oficialidad; qué organismo nacional debía centralizar los Cordones, comandos comunales y consejos campesinos; y, finalmente, qué partido estaba dispuesto a luchar para que esos organismos sustituyeran al Estado burgués. La carta del 5 de septiembre respondió indirectamente: «lo que faltó fue una vanguardia decidida y hegemónica».

III. La tragedia de septiembre: la Unidad Popular frente a un poder que ya había comenzado a existir

Por eso sería un error reducir el balance histórico a la oposición entre un PC «reformista» y un PS «revolucionario», o entre Corvalán y Altamirano, y mucho más todavía reducirlo a Allende como individuo. Las diferencias fueron reales, importantes y, en determinadas coyunturas, agudas; pero ambas alas permanecieron finalmente contenidas dentro del circuito político de la Unidad Popular. El ala derecha buscaba preservar la vía institucional mediante el diálogo, la ampliación de la mayoría y la subordinación del movimiento obrero a la dirección de la CUT. El ala izquierda denunciaba la conciliación, proclamaba el poder popular y llamaba a responder al golpe mediante la movilización obrera. Pero no rompía programáticamente con el gobierno ni organizaba los organismos obreros como un poder independiente llamado a sustituir al aparato estatal. Entre el pacifismo de unos y el radicalismo verbal de otros existía, por tanto, una unidad dialéctica más profunda: ninguno había construido una estrategia independiente para la conquista del poder por la clase obrera.

La política comunista ofrece quizá la formulación más cristalina de ese límite. Incluso después del Tanquetazo, Corvalán seguía atribuyendo su derrota a «la acción decidida y oportuna de la Comandancia en Jefe del Ejército» y a «la lealtad de las Fuerzas Armadas», aunque señalaba simultáneamente que la clase obrera se había atrincherado en las industrias dispuesta a combatir. Allí aparecen yuxtapuestas las dos fuerzas que septiembre demostraría incompatibles: por un lado, el aparato armado del Estado burgués; por otro, el proletariado organizado en sus centros de trabajo. Cuando Corvalán reclamaba fortalecer los Cordones «bajo» la dirección de la CUT, sometiéndolos a «una disciplina férrea y común», estaba resolviendo políticamente esa contradicción en favor de la preservación del dispositivo institucional.

Los Cordones planteaban exactamente el problema inverso. Su carta denuncia que la Ley de Control de Armas estaba siendo utilizada contra industrias y poblaciones y que los allanamientos permitían a los sectores sediciosos conocer «la organización y capacidad de respuesta de la clase obrera» e identificar a sus dirigentes. Exigían la libertad de los marineros antigolpistas, castigo a los conspiradores, requisición de los camiones, extensión del área social, distribución directa, control obrero y medidas contra quienes preparaban el derrocamiento. Y resumían brutalmente la situación diciendo que los trabajadores constituían un «verdadero ejército sin armas».  No era una metáfora literaria. Era la descripción exacta de la relación de fuerzas: existía una enorme organización social de la clase obrera, pero no una organización política y militar independiente capaz de convertir aquella potencia social en poder.

Aquí reside probablemente el significado histórico mayor de la carta. Los Cordones comprendieron que la guerra civil que la dirección pretendía evitar ya había comenzado bajo una forma unilateral. Lo dicen expresamente al final: el problema no era impedir una guerra civil futura, porque ésta se encontraba «ya en pleno desarrollo»; el peligro era llegar desarmados a la «masacre fría, planificada de la clase obrera más consciente y organizada de Latinoamérica».  Frente a esta apreciación, Corvalán todavía sostenía a fines de julio que la mayoría ciudadana contraria a la guerra civil, combinada con movilización, lucha política y diálogo, permitiría «dejar atrás estos días difíciles». La contraposición entre ambos diagnósticos es devastadora porque la historia resolvió la controversia apenas unas semanas después.

Pero tampoco basta concluir que los Cordones «tenían razón». Una clase puede comprender instintivamente la naturaleza de una situación y, sin embargo, carecer de los instrumentos políticos para resolverla. La propia forma epistolar revela esa contradicción: los organismos más avanzados del proletariado habían llegado a cuestionar prácticamente la estrategia de la Unidad Popular, pero todavía dirigían su exigencia al Presidente para que él se pusiera «a la cabeza» del ejército obrero. La clase había creado organismos que podían convertirse en fundamento de una autoridad independiente, pero todavía reclamaba que el gobierno existente los condujera. La independencia de clase había comenzado materialmente antes de adquirir una expresión política acabada. Precisamente por eso la frase sobre la ausencia de «una vanguardia decidida y hegemónica» constituye quizá la intuición más profunda de todo el documento.

La derrota de 1973 no puede explicarse entonces mediante el cómodo expediente de una traición individual, una insuficiencia moral, una correlación de fuerzas fatalmente adversa o una supuesta impaciencia de los trabajadores. Tampoco mediante la imagen simétrica según la cual habría bastado que Allende fuese más audaz. Lo que fracasó fue una estrategia política completa: la pretensión de utilizar el gobierno conquistado electoralmente para transformar gradualmente un Estado cuyo Parlamento, judicatura, burocracia y, sobre todo, aparato armado permanecían asentados sobre las relaciones sociales de la burguesía. El propio Corvalán reconocía que Parlamento y judicatura eran trincheras reaccionarias y reclamaba que todos los poderes quedaran al servicio del pueblo, pero continuaba planteando esa transformación «conforme a los límites que fije la ley».  Allí se encuentra condensada la aporía del camino institucional: transformar revolucionariamente el Estado respetando hasta el final las reglas mediante las cuales ese mismo Estado reproducía el poder de la clase dominante.

El 11 de septiembre no fue, desde este punto de vista, la irrupción externa de la violencia sobre un proceso pacífico. Fue la resolución contrarrevolucionaria de una crisis de poder que llevaba meses madurando. La burguesía había llegado a la conclusión de que la legalidad podía y debía ser destruida para conservar su dominación social. La dirección de la Unidad Popular, con diferencias profundas entre sus componentes, nunca extrajo plenamente la conclusión inversa: que para preservar las conquistas alcanzadas y llevar adelante la revolución era necesario construir un poder independiente de las instituciones burguesas. El adversario había trasladado ya la cuestión al terreno del poder; la UP continuaba debatiendo las condiciones bajo las cuales podía mantenerse el proceso dentro de la institucionalidad.

Por eso la carta de los Cordones Industriales sigue siendo uno de los documentos más perturbadores de la revolución chilena. No porque sus autores conocieran anticipadamente cada detalle de lo que ocurriría, sino porque desde las fábricas percibieron la contradicción que la dirección política no consiguió resolver. Frente al ala conciliadora dijeron que el diálogo conducía al fascismo; frente al radicalismo sin estrategia demostraron que proclamar el poder popular no equivalía a organizarlo; frente al fetichismo institucional señalaron que el aparato estatal estaba siendo utilizado para desarmar a quienes defendían el proceso; y frente a toda lectura posterior basada exclusivamente en el heroísmo y el martirio dejaron planteado el problema que continúa abierto medio siglo después: la clase obrera puede movilizarse, ocupar fábricas, organizar el abastecimiento, crear organismos territoriales e incluso presentir con extraordinaria precisión la contrarrevolución que se aproxima; pero si no construye una dirección política independiente capaz de convertir esos organismos en poder, la crisis revolucionaria puede terminar siendo resuelta por su enemigo.

Ése es el verdadero legado de la carta. No una recriminación póstuma a Salvador Allende, sino una acusación política mucho más vasta contra los límites estratégicos de la Unidad Popular como conjunto. En septiembre de 1973, la cuestión decisiva había dejado de ser hacía tiempo cómo gobernar mejor desde La Moneda. Era quién gobernaría Chile cuando ya no pudiera gobernarse como antes. Los Cordones Industriales habían comenzado, embrionariamente, a formular la respuesta desde las fábricas. La burguesía preparaba la suya desde los cuarteles. Entre ambas, la dirección de la Unidad Popular no logró romper con el Estado que estaba a punto de destruirla. El 11 de septiembre cerró brutalmente esa contradicción. La carta del día 5 permanece porque demuestra que, antes de que los Hawker Hunter despegaran, una fracción avanzada de la clase obrera chilena ya había comprendido que el problema no era simplemente defender el gobierno, era resolver la cuestión del poder: armar a los trabajadores, expropiar a la burguesía y expulsar al imperialismo.

Bibliografía:

1. Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende
2. Último discurso de Carlos Altamirano
3. Corvalán, L. (1978). Chile 1970-1973. Sofia Press. Disponible en: https://elporteno.cl/wp-content/uploads/2026/09/Luis-Corvalan-1978_chile_1970-1973.pdf